La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunciaron, a través de un pronunciamiento firmado por las dos entidades internacionales, las «graves condiciones de detención» en las que se encuentran los líderes opositores, ahora presos políticos del régimen de Nicaragua. También condenaron «la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua», en particular el allanamiento y detención al escritor Sergio Ramírez.
Los dos organizaciones de derechos humanos señalaron «el uso indebido de acusaciones penales en contra de personas opositoras para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación, mediante la formalización de delitos graves en su contra, tales como “lavado de dinero”, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”», denuncian las organizaciones en un documento emitido este viernes, 10 de septiembre
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Igualmente, expresaron su rechazo a las acusaciones presentadas por el régimen de Ortega, pues aseguran que no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, en las llamadas «audiencias secretas», que se realizan en instalaciones distintas a los tribunales judiciales. Mencionan que los juicios se llevan a cabo en horas de la madrugada y a menudo sin presencia de sus representantes legales.
Ambos organismos resaltaron las graves condiciones de detención a las que se enfrentan los opositores, en particular las mujeres, como «los constantes interrogatorios, el aislamiento, la exposición a luz artificial las 24 horas del día, la falta de atención médica, y acceso a agua y alimentación insuficiente». Afirman que estas condiciones podrían constituir malos tratos.
Entre los detenidos se encuentran siete precandidatos presidenciales, líderes de movimientos sociales, activistas, defensores de derechos humanos, excombatientes, defensores de derechos humanos y periodistas. Todo esto en un clima electoral «bajo las reglas de Ortega» que no ofrece ninguna garantía para que estas sean creíbles.
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En este contexto, exhortan al régimen a «garantizar el debido proceso y, en particular, a asegurar una defensa adecuada que permita a las personas acusadas un contacto regular con su representante legal y la posibilidad de participar en la preparación de sus respectivas audiencias. Para ello, es esencial que sus representantes legales tengan acceso irrestricto a las mismas».
Instan al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos meses incluidas las 130 personas que fueron privadas de libertad desde el inicio de la crisis en abril de 2018. También piden garantizar la integridad y seguridad y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos.