La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó sobre la resolución número 71 con la cual otorga medidas cautelares a los opositores Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Arturo José Cruz y Luis Alberto Rivas Anduray. Esta medida se aplica por considerar que esos presos políticos están bajo una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
La CIDH emitió su resolución el 30 de agosto aunque fue este primero de septiembre que la dio a conocer. Con la resolución, se beneficia a los opositores que se encuentran privados de libertad por el régimen de Ortega. El organismo defensor de derechos humanos resalta que «no se conocen sus condiciones de detención (de los rehenes), a ello se suma que algunas padecen enfermedades crónicas graves y a otras se desconocen sus paraderos».
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Dora María Téllez, exguerrillera sandinista; Suyen Barahona, presidenta del grupo político Unión Democrática Renovadora (Unamos); Ana Margarita Vijil, activista de derechos humanos y miembro de Unamos; Víctor Hugo Tinoco Fonseca y Jorge Hugo Torres Jiménez, también integrantes de Unamos; Arturo José Cruz, precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad; y, Luis Alberto Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro); engrosan la lista de beneficiarios.
El organismo internacional asegura que recibieron información sobre la situación de Arturo Cruz de parte del régimen de Ortega en el que «el Estado manifestó la inexistencia de una situación de extrema gravedad» y negando a su vez la existencia de procesos penales en «secretismo». Aseguran que la información brindada por el gobierno de Ortega no desvirtúan las declaraciones de la parte opositora.
Al mismo tiempo, la Comisión lamenta la falta de respuesta de las autoridades con relación a las situaciones de los demás opositores que se encuentran «secuestrados» por la dictadura.
La CIDH destaca los casos de opositores que tienen graves enfermedades que necesitan ser atendidas. Indican que «particularmente Tinoco Fonseca, Cruz Sequeira y Rivas Anduray padecen de diversas enfermedades crónicas, así como que los señores Torres Jiménez y Cruz Sequeira son personas mayores». El organismo denuncian esto como una violación a los derechos humanos por no permitirles atención médica.
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Por lo tanto, solicitan a Nicaragua que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los encarcelados; asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud, se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables; y, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición».
Los opositores beneficiados son parte de una larga lista de más de 30 rehenes del régimen orteguista en el marco de las elecciones de este próximo siete de noviembre. Hasta el momento, Ortega no ha acatado ninguna de las medidas orientadas por los distintos organismos defensores de los derechos humanos.
