Corrupción en Nicaragua empeora respuesta a la pandemia del COVID-19

Por Martha Patricia Molina. Abogada y Notaria Público

A inicios del año 2021 Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020 que clasifica 180 países y territorios, según la percepción del nivel de corrupción en su sector público. La escala empleada es de cero a cien, donde el cero corresponde a corrupción elevada y, el cien, a corrupción inexistente. Nicaragua fue catalogada como uno de los tres países más corruptos de la región latinoamericana, otorgándole un puntaje de 22/100.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, dijo que: «La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos superando». AsImismo, TI añadió en su informe que: «la corrupción está presente en toda la actuación contra la COVID-19, desde el soborno para acceder a pruebas, tratamientos y otros servicios sanitarios, hasta la contratación de suministros sanitarios y la preparación para emergencias en general».

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Todas las entidades públicas han destinado un porcentaje de su presupuesto para comprar insumos médicos para combatir la pandemia. Un ejemplo: en el Portal Único de Contratación del Estado –www.nicaraguacompra.gob.ni–, se encuentra publicado el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2021 del Consejo Supremo Electoral (CSE), un poder del Estado que se ha caracterizado por su falta de transparencia e incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley número 620, aprobada el 16 de mayo de 2007 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 118 del 22 de junio de 2007.

El PAC 2021 del CSE tiene presupuestado el gasto por un monto aproximado de cuatro millones, setecientos ochenta y dos mil, cincuenta y cinco córdobas con veintiún centavos (C$4,782,055.21) para la adquisición de medicamentos anti-infeccioso, mascarillas y alcohol, recurriendo a la modalidad de contratación menor que «es el procedimiento administrativo que debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas contrataciones de obras, bienes o servicios generales, que no superen el monto de quinientos mil córdobas (C$500,000.00)» e incurriendo en un tema prohibido por la ley que es la subdivisión de contrataciones.

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El siguiente cuadro refleja la descripción de la adquisición y el monto aproximado que presupuestó el CSE para las compras:

El COVID-19 y la elevada corrupción en el país solo han venido a empeorar los problemas que los nicaragüenses ya vivíamos, entre ellos: la vulneración de derechos humanos, el irrespeto al Estado de derecho, la nula división de poderes del Estado, la crisis económica, el alto índice de desempleo, el exilio, la inseguridad ciudadana, entre otros.

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Esperemos que el gasto que realizará el CSE para combatir el Covid-19 sea eficiente y transparente, pero mientras continúen ocultando información que sirva para comparar que las cifras de gastos sean las correctas, persistirá la duda acerca de su buena administración. Vale la pena recordarles a los magistrados del CSE que Transparencia Internacional formuló cuatro recomendaciones para luchar contra la Covid-19 y mitigar la corrupción. Es esencial que los países se comprometan a:

1. Reforzar las instituciones de supervisión.
2. Procesos de contratación abiertos y transparentes.
3. Defender la democracia y promover el espacio público.
4. Publicar datos pertinentes y accesibles.