Camionetonas y motos fueron algunos de los bienes que el Consejo Supremo Electoral adquirió bajo el procedimiento de contratación simplificada, aduciendo en casi todos los casos “situación de urgencia” por las elecciones regionales de la Costa Caribe 2019.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
“Es una modalidad de compra muy rápida, tiene la bondad que si estás en una situación de emergencia no tenés que esperar () porque la necesidad es mayor y sacrificás algunos de los principios fundamentales de contrataciones como publicidad, transparencia” explicó Dayra Valle, directora de Transparencia Nicaragua.
El segundo informe de esta organización, titulado “Compras del CSE 2016-2020, entre la opacidad y gastos excesivos”, detalla que durante ese periodo se adjudicaron 309 adquisiciones, de las cuales se lograron ejecutar 287, la mayoría (94%) a través de contrataciones menores a 500 mil córdobas y 17 (6%) bajo el procedimiento excepcional de contrataciones simplificadas, ocho en el 2018 y nueve en el 2019.
Entre los medios de transporte adquiridos en el 2018 se registraron 19 camionetas 4×4 doble cabina con un monto de 17 de millones de córdobas compradas a la empresa AUTONICA, bajo el procedimiento de contratración simplicada.
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“Se está alegando una situación de urgencia. La compra de camionetas no es una situación de urgencia” señaló Valle, quien agregó que la justificación fue cubrir las elecciones regionales de la Costa Caribe que se efectuaron en el año 2019.
El informe también refleja la compra de 14 motos por un millón 207 mil córdobas, suministradas por ENIMOSA, en el mes de noviembre. Y la compra de un vehículo de uso marítimo por 465,000 córdobas, suministrada por Casa Pellas.
Prácticas ilegales
Según el informe, del 2016 a la fecha, en la mayoría de las compras, el CSE realiza subdivisiones, práctica prohibida por la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, en su artículo 25. “El CSE recurre a una práctica que está prohibida por la Ley de Contrataciones que es la prohibición de subdividir, (es decir), una compra que pudieras hacer en un solo paquete las fragmentas en varias. Por qué hacer tres compras diferenciadas cuando realmente pudieras haber hecho un paquete, y además se la adjudicaste a un mismo proveedor” cuestionó Valle, al agregar que lo correcto es la licitiación selectiva.
A su vez, el Poder Electoral registra compras recurrentes como papel, material de limpieza y materiales ferreteros, éstos últimos sin presentar contrato de mano de obra; reparación de equipos, mantenimiento de aires acondicionados y repuestos y mantenimiento para vehículos como Toyota Prado, por montos sustanciales. De once procedimientos en un mismo año por los mismos bienes, seis se lo adjudicaron a un mismo proveedor. Sin embargo, en el 2020 no aparece ejecutada ninguna compra, ni siquiera las dos únicas que aparecen en su Programa Anual de Contrataciones (PAC).
En el 2019, año de elecciones regionales en la Costa Caribe, el Poder Electoral compró equipo tecnológico como discos duros, computadoras laptops, digitalizadores de documentos, software, tabletas, cámaras semi profesionales, unidades de suministro de energía. Nueve compras, nuevamente, bajo la modalidad de contrataciones simplificadas aduciendo urgencia, pese a que en los años 2016 y 2017 también se realizaron compras de material tecnológico para reforzar el sistema. En el 2018 se justifica para la elaboración de boletas.
Gastos de Boletas desconocido
En el 2016 y 2017 aparecen gastos que se pueden vincular a las elecciones, pero en el caso de la adquisición de boletas no muestran planificación, ni tampoco procedimiento ejecutado, y hay datos incompletos del 2019.
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En el PAC 2018 aparece la adquisición descrita como “Elaboración de material de imprenta (boletas)” con un monto estimado en 7.4 millones de córdobas a realizarse bajo la contratación simplificada. “No sabemos qué cantidad de boletas, ni porqué se le adjudicó a la empresa Artes Digitales SA (ARDISA)”, indicó Valle, agregando que “no sabemos lo que se terminó pagando por las boletas”.
“Aunque se imprimieron las boletas en el 2016 y 2017, los procedimientos no se colocaron el Programa Anual de Contrataciones, PAC, no se conocen las adjudicaciones con el monto que se págó por ellas, ni a quién fue adjudicado” señaló Valle. Hay mucha discrecionalidad, no pasa por una serie de filtros, no hay competencia y la práctica se presta a tráfico de influencia, explicó la investigadora.
