Escalada de inhabilitación de 2.000 abogados en Nicaragua al margen de la ley preocupa a la ONU
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la exclusión de unos 2.000 abogados del registro oficial del sistema judicial de Nicaragua, una medida que, según denunció, se habría ejecutado sin previo aviso ni un procedimiento individualizado.
De acuerdo con la experta de la ONU, los abogados afectados fueron retirados del registro sin que se les notificara una causa disciplinaria o administrativa específica y sin contar con una vía efectiva para impugnar la decisión ante una autoridad independiente.
En este sentido, explicó que la exclusión tiene consecuencias directas sobre su ejercicio profesional, y es que, quienes no aparecen en el registro pueden quedar impedidos de presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales.
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Satterthwaite advirtió que estas medidas afectan directamente el derecho fundamental a un juicio justo y forman parte de un contexto más amplio de restricciones contra la profesión jurídica en Nicaragua.
La relatora agregó que los abogados que han defendido a personas detenidas por motivos políticos, denunciado violaciones de derechos humanos o cuestionado actuaciones estatales han enfrentado vigilancia, amenazas, acoso, restricciones profesionales y exilio forzoso.
Una restricción que genera preocupación en la ONU
La relatora también llamó la atención sobre la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración Judicial y Carreras Profesionales, que establece que los jueces y órganos judiciales deben comprobar, antes de prestar servicios a profesionales del derecho, que estos aparezcan inscritos en el sistema judicial.
Cuando un abogado no figure en el registro, las autoridades deberán remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios del Tribunal Supremo de Justicia para que regularice su situación.
Para Satterthwaite, esta disposición genera preocupación porque puede utilizarse para restringir el ejercicio de la abogacía mediante mecanismos administrativos y regulatorios. La experta de Naciones Unidas pidió a las autoridades nicaragüenses detener los ataques contra la profesión jurídica y garantizar el derecho de las personas a contar con una defensa independiente.
Abogados críticos del gobierno han sido perseguidos
La denuncia de la relatora se produce en un contexto de creciente presión sobre abogados y defensores de derechos humanos en Nicaragua, y es que desde la crisis sociopolítica de 2018, profesionales que han asumido la defensa de opositores, manifestantes y personas detenidas por razones políticas han denunciado distintas formas de hostigamiento y restricciones para ejercer su profesión.
Satterthwaite recordó además que en 2023 entraron en vigor reformas constitucionales relacionadas con la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y con las facultades disciplinarias y regulatorias de la Corte Suprema de Justicia, herramientas que han sido utilizadas para restringir el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales de profesionales considerados críticos del gobierno.
La experta de la ONU señaló que 26 abogados fueron inhabilitados después de ser despojados de su nacionalidad, medidas se suman a otras acciones contra sectores profesionales y organizaciones independientes que las autoridades nicaragüenses han aplicado en los últimos años.
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Ante este panorama, Satterthwaite instó a la comunidad internacional a proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social en Nicaragua, ya que, a su juicio, la exclusión de abogados del registro judicial puede tener consecuencias que van más allá de los propios profesionales, debido a que limita la capacidad de las personas para acceder a una defensa independiente ante los tribunales.
La relatora especial informó que ya envió una comunicación al régimen sandinista para expresar sus preocupaciones sobre estas medidas: «Nicaragua debe cesar de inmediato estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo», explicó.
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