Régimen de Nicaragua se ensaña con mujeres y menores de edad, revela informe

Un 50% de las víctimas de la represión estatal en Nicaragua durante junio y julio de 2026 fueron mujeres y menores de edad. De acuerdo con el más reciente informe del Monitoreo Azul y Blanco (MAB), de los 109 casos de violaciones a derechos humanos documentados en ese período, 50 corresponden a mujeres y cinco a la niñez.

Según el organismo independiente, los datos recopilados en este bimestre confirman cómo el amedrentamiento del régimen Ortega-Murillo golpea directamente al núcleo familiar.  

«Hay un aumento en la presencia de mujeres y menores de edad entre las víctimas reportadas, exponiendo cómo el amedrentamiento estatal busca desmantelar el núcleo familiar como mecanismo de castigo», señala el informe

Para el MAB, la presencia de más mujeres y niñez entre los afectados demuestra la extensión del castigo estatal. 

«Las violaciones documentadas reflejan la continuidad de patrones represivos que afectan a diversos perfiles de la población, incluyendo personas opositoras, familiares de personas presas políticas, liderazgos religiosos, comerciantes, profesionales, comunidades indígenas y ciudadanía en general».

Niñez entre las víctimas de desaparición forzada

Durante este periodo, el MAB registró un total de 142 incidentes represivos. Las detenciones arbitrarias encabezan la lista con 31 casos seguidas por la suspensión de credenciales profesionales  de abogados, con 29 casos y el control social o territorial  con 23 casos.

Asimismo señala que de las 31 personas apresadas ilegalmente por la Policía o grupos afines al régimen, únicamente 10 fueron puestas en libertad, mientras que 16 personas continúan en condición de desaparición forzada, incluyendo 2 menores de edad.

De este grupo de personas no se tiene información sobre su estado de salud ni paradero.

En el mapa de agresiones, Managua se mantiene como la ciudad con mayor concentración de violencia estatal con 25 incidentes, seguida de Matagalpa con 10, Estelí con 6 y la Región Autónoma del Caribe Norte con 5. 

También se documentaron casos en Carazo, Masaya, Madriz, León, Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

El MAB registró además 17 incidentes de alcance nacional que no fueron asociados con un departamento específico y otros 10 relacionados con represión transnacional.

Despojo de bienes para oxigenar al INSS

Otro de los mecanismos que tomó fuerza durante julio fue la afectación al patrimonio. El MAB reportó 22 casos de confiscaciones de propiedades y robo de equipos durante junio y julio.

Solo en julio, según el informe, se contabilizaron 19 casos en esta categoría, principalmente por el traspaso de 14 propiedades confiscadas por la Procuraduría General de la República al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La organización  concluye que la dictadura ha consolidado un modelo de asfixia integral que trasciende el ámbito policial y penetra en la vida cotidiana y laboral de los ciudadanos.

«Estos registros muestran que la represión no se expresa únicamente a través de detenciones arbitrarias, sino también mediante medidas administrativas, patrimoniales, laborales y territoriales que afectan derechos fundamentales y amplían el alcance del control estatal sobre personas, familias, comunidades y sectores profesionales», enfatiza el organismo.