Régimen defiende operaciones mineras en Nicaragua y niega que se violen «garantías constitucionales» a empresas
El alcance de las operaciones mineras autorizadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo está en el foco, sobre todo después de que el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, acusara a concesionarias chinas instaladas en Nicaragua de comprar y procesar material aurífero extraído de forma ilegal en Crucitas, zona fronteriza entre las dos naciones.
A esto se suma la advertencia dada por mineras instaladas en el país a sus accionistas sobre los riesgos ambientales y sociales de operar en Nicaragua.
El medio digital Confidencial publicó recientemente que las empresas Hemco como Equinox están alertas ante la inestabilidad del país. «No hay garantía de que cambie el marco legal vigente, (o sea que no descartan una confiscación), o de que una sanción internacional les afecte de cualquier manera», dice la publicación.
Ante esta situación, el régimen nicaragüense emitió una nota oficial firmada por la Procuraduría General de Justicia, a través de su dependencia, la Dirección General de Minas, en la que aseguró que el otorgamiento de concesiones mineras cumple con los principios de legalidad, transparencia y debido proceso.
La dictadura sandinista salió a defender la política minera del Estado y el modelo extractivista impulsado en los últimos años, acrecentado tras el restablecimiento de relaciones con China. De 2021 a la fecha, los Ortega-Murillo han autorizado a 15 empresas chinas para operar en el país y les ha dado 70 concesiones.
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En el comunicado, la dictadura afirmó que todas las concesiones se publican en La Gaceta, Diario Oficial, y sostuvo que las empresas concesionarias cumplen con los requisitos técnicos, jurídicos, ambientales y tributarios establecidos en la Ley Especial para la Exploración y Explotación de Minas.
El régimen insistió en que estas publicaciones son de acceso libre y garantizan la publicidad de los actos administrativos.
El Estado también defendió el avance de las concesiones mineras. Las autoridades presentaron este crecimiento como una muestra de «seguridad jurídica» para la inversión extranjera y como un pilar del desarrollo económico nacional.
El régimen sostuvo que las empresas mineras operan bajo supervisión ambiental y que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realiza un seguimiento permanente para garantizar una explotación «sostenible» de los recursos aunque la mayor parte de las concesiones se otorgan de forma exprés sin cumplir al menos con el proceso de consultas en las zonas donde se instalarán.
Acusan de «desinformar»
De forma reiterada, el comunicado oficial volvió a cargar contra los medios de comunicación en el exilio y contra sectores opositores, a quienes acusó de «desinformar» y de promover publicaciones «maliciosas» con el objetivo de desacreditar la actividad minera y generar inestabilidad política.
El régimen destacó que el oro se mantiene como uno de los principales productos de exportación del país y atribuyó los ingresos millonarios del sector a la política extractiva estatal y al respaldo a grandes grupos mineros, tanto nacionales como extranjeros.
La nota de diez puntos menciona que a «empresas pertenecientes a los grupos Equinox y Hemco Mineros, informamos que estas, se encuentran operando en Nicaragua sin restricciones; mediante 64 concesiones, que representan el 34.28% de las áreas bajo aprovechamiento minero permitiendo a estos dos grupos económicos, exportar oro durante el 2025 por un valor aproximado de USD$1,325 millones de dólares; es decir el mayor porcentaje de la totalidad exportaciones de nuestro país».
De esta manera, la respuesta oficial de Nicaragua cerró filas en defensa de las concesiones mineras y del extractivismo y reforzó su narrativa de confrontación contra la prensa independiente, sin aclarar las denuncias sobre el presunto procesamiento de oro extraído ilegalmente en la zona fronteriza.
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