Informe de la CIDH señala que la dictadura no deja de reprimir y hostigar a quienes se rebelan en su contra

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe publicado este viernes, seis de septiembre, detalló todas las denuncias recibidas en el mes de agosto, en las que en la mayoría persisten los actos represivos, hostigamiento y asedio por parte de la Policía orteguista y grupos afines al régimen. Las víctimas continúan siendo abogados, defensores de derechos humanos y excarcelados políticos.

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La CIDH relató que parte de las denuncias recibidas eran de excarcelados políticos quienes expresaban  estar sufriendo persecución y “vigilancia permanente” por parte de agentes policiales y civiles motorizados, a quienes identifican como paramilitares.

CIDH denuncia la persistencia de la represión y expresa su preocupación por incremento de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y excarceladas en Nicaragua. Más Información: https://t.co/DGuXvG5bfh

— CIDH (@CIDH) September 6, 2019

“De acuerdo con los testimonios recibidos, estas son víctimas de vigilancia permanente por agentes de policía y civiles motorizados por medio de constantes interrogatorios a sus familiares y vecinos, y se mantendrían en las inmediaciones de sus domicilios hasta altas horas de la madrugada. Asimismo, las personas excarceladas serían víctimas de amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales al ser señaladas como “golpistas”, señala en su informe el organismo internacional.

Causas penales de exreos políticos continúan abiertos 

La CIDH señaló que aunque la dictadura haya liberado a la mayoría de presos políticos bajo la criticada Ley de Amnistía, aprobada por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional el ocho de junio, en algunos casos las causas penales siguen abiertos y por ende los antecedentes no han sido archivados. El organismo advirtió al régimen que de no haber un sobreseimiento, otorgarán medidas cautelares a los excarcelados, quienes temen a ser recapturados y ser incriminados por delitos comunes.

“La Comisión reitera una vez más que muchas de las personas excarceladas se mantienen en incertidumbre debido a la falta de información respecto su situación jurídica. En algunos casos, las causas penales seguirían abiertas y los antecedentes penales no habrían sido cancelados; o bien, cuando la Ley de Amnistía es aplicada las causas serían archivadas sin dictar su sobreseimiento, lo que tendría entre otros efectos impedir el cese de medidas cautelares impuestas y la devolución de los bienes incautados”, expresa parte del documento.

El informe recoge los datos actualizados de presos políticos que mantiene la Alianza Cívica hasta el 8 de agosto, en el que refleja que 126 ciudadanos permanecen detenidos ilegalmente en las mazmorras de la dictadura, mismos que se niega a liberar por considerarlos reos comunes.

Entre estos reos está la estudiante María Ruíz Briceño, considerada la única presa política de la tiranía orteguista. La joven fue secuestrada hace dos meses luego de participar de una protesta en la Catedral Metropolitana de Managua. El Ministerio Público la acusa de robo agravado. En este sentido la CIDH exhortó al Poder Judicial a funcionar “como la primera línea de defensa de los derechos humanos”.

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“Al respecto, el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad destacó que “en el marco del Estado de Derecho, el sistema judicial debería funcionar como la primera línea de defensa de los derechos humanos. Para lo cual, resulta imperante el cumplimiento de las garantías de imparcialidad e independencia establecidas en el derecho internacional”. Agregó que, “en el caso nicaragüense, lo que hemos documentado continuamente han sido patrones de represión desde las mismas instituciones encargadas de la impartición de justicia”.