La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, demanda al régimen de Ortega poner un fin a la “impunidad”, debido a que se continúan cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos”, a raíz de las represiones policiales y paramilitares en las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018 que desataron la crisis sociopolítica que aún atraviesa el país.
Bachelet documenta también la situación de los derechos humanos en Nicaragua desde el 19 de agosto 2018 al 31 de julio de 2019 y brinda 14 recomendaciones para contribuir a una resolución de las problemáticas sociales, políticas y económicas que se intensifican cada día más.
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“Las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país”, señala el documento que deja al descubierto la actuación del régimen de Ortega que pretende desligarse de cualquier responsabilidad que afecte su reputación.
La OACNUDH igualmente registró que varias personas detenidas en El Chipote fueron sacadas de sus celdas por la noche, incluso, varias veces en una misma noche, para ser interrogadas y, en muchos casos, golpeadas y amenazadas por la Policía y funcionarios penitenciarios quienes perpetraron, presuntamente, torturas y malos tratos cuando arrestaban a las personas consideradas de la oposición.
La alta comisionada asegura que no tiene conocimiento de ninguna otra investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos cometidos por la policía o elementos progubernamentales en el contexto de las protestas, por lo que considera que “la situación refleja la falta impunidad, y la grave violación a los derechos de las víctimas ya que no les permiten acceder a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”.
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Asimismo, documenta la actuación de la Policía y los paramilitares, “los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”.
Por otro lado, detalló que “la fase de represión” también se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica. Además, señaló que “los funcionarios del Gobierno han recurrido a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno”.
La Alta Comisionada logró constatar el dominio absoluto que tiene Daniel Ortega de todos los poderes del Estado, en especial el del sistema judicial que se ha utilizado para “criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del Poder Ejecutivo”.
