Asamblea aprueba reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad en Nicaragua
Por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura la Ley de Reforma Parcial de la Constitución que suprime el derecho a la doble nacionalidad para los nicaragüenses.
La iniciativa modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución y ya había recibido el aval del Parlamento en primera legislatura en mayo del año pasado. La votación de aprobación ocurrió este miércoles, 14 de enero, y se espera que sea remitido a La Gaceta, Diario Oficial, para su entrada en vigencia.
Con la reforma, el artículo 23 establecerá de manera explícita que «la nacionalidad nicaragüense se perderá al adquirir otra nacionalidad», eliminando así la posibilidad de que los ciudadanos conserven más de un vínculo jurídico con otros Estados.
El texto reformado contempla únicamente una excepción para ciudadanos de la región. Según la nueva redacción, «las y los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad», mientras que el resto de extranjeros deberán renunciar a su ciudadanía de origen para naturalizarse.
En mayo de 2025, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que la reforma no tendrá efectos retroactivos, por lo que no afectará a las personas que ya cuentan con doble nacionalidad antes de la entrada en vigor de la modificación constitucional.
Régimen justifica reforma
El régimen de Ortega y Murillo ha defendido la eliminación de la doble nacionalidad bajo un discurso de rechazo a lo que considera injerencias externas. En su exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la nacionalidad no debe entenderse como un simple trámite administrativo.
«Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo», argumentaron Ortega y Murillo al solicitar la aprobación de la enmienda.
Ortega y Murillo también señalan que «Nicaragua en ejercicio de su soberanía debe garantizar que su ciudadanía no sea instrumentalizada por intereses foráneos o contradictorios», y plantean que la condición de nicaragüense no es un título legal, sino un compromiso político e ideológico.
Bajo esa lógica, el oficialismo sostiene que la nacionalidad es «un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación», y advierte que «quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino».
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