La Asamblea Nacional de Nicaragua ha salido este martes, 20 de mayo, a intentar calmar el revuelo causado por la reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses. En una publicación oficial, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, aseguró que la medida «no es retroactiva» y que solo se aplicará una vez que la reforma se apruebe en segunda legislatura y entre en vigencia.
Sin embargo, la aclaración revela más una señal de espanto que de voluntad jurídica: el régimen se ha visto presionado por el amplio rechazo que ha provocado esta medida entre miles de nicaragüenses en el exterior que viven con doble ciudadanía.
Noticia relacionada: Antecedentes del régimen de Nicaragua amenazan con aplicación de retroactividad en la eliminación de la doble nacionalidad
Las reformas al artículo 23 y 25 de la Constitución, aprobadas en primera legislatura en mayo, establecen que los nicaragüenses perderán su nacionalidad si adquieren otra, y que los extranjeros que quieran nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los centroamericanos. La redacción fue interpretada ampliamente como una amenaza directa contra los opositores exiliados o desterrados por el régimen, que han debido recurrir a otras ciudadanías tras la persecución política.
Ante la reacción generalizada de rechazo, el régimen intenta ahora matizar. Porras dijo que quienes hayan adquirido una, dos o más nacionalidades antes de la entrada en vigor de la reforma «deben estar tranquilos», porque la ley no les afectará. Sin embargo, el abogado Yader Morazán ha advertido que esa afirmación no tiene ningún sustento en la práctica de la dictadura, que ha aplicado reformas y leyes de manera retroactiva en múltiples ocasiones.
Morazán recordó que la reforma que instauró la copresidencia entre Ortega y Murillo se aplicó sin haber entrado siquiera en vigencia y sin que ambos hubiesen sido electos para ese cargo. Asimismo, se amplió el período presidencial de cinco a seis años sin una elección válida para ese nuevo plazo. Si se respetara el principio de no retroactividad, Ortega debería ir a elecciones en 2025 y Murillo seguiría siendo solo vicepresidenta. Pero el régimen ha demostrado que interpreta la Constitución según su conveniencia.
Durante la sesión del 16 de mayo en Niquinohomo, cuando se aprobó en primera legislatura la reforma al artículo 23 y 25, Gustavo Porras reconoció que la reforma entraría en vigencia solo tras su aprobación en segunda legislatura, pero justificó su aplicación anticipada con una frase reveladora: «es que este no es un asunto jurídico, esto es un asunto moral», dejando claro que se trata de una decisión política arbitraria de la dictadura, y que la legalidad está subordinada a los intereses del Frente Sandinista.
La aclaración de este lunes refleja la presión creciente sobre el régimen. Desde febrero de 2023, Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 450 nicaragüenses, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y figuras políticas, sin que existiera siquiera una base legal para ello. La reciente reforma constitucional amenaza con institucionalizar esa política, y por eso el intento de enmendar ahora con declaraciones públicas no borra la desconfianza ni las evidencias de que la ley seguirá siendo usada como arma de persecución.
