La dictadura de Nicaragua anunció nuevas reformas a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, prohibiendo la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses.
Aunque en teoría, la reforma violatoria de los derechos fundamentales tendría que aplicarse una vez se apruebe en segunda legislatura, en Nicaragua el régimen sandinista utiliza estos atropellos a las leyes para aplicar venganza contra sus críticos y para simular una falsa legalidad a acciones ya implantadas como la negación de renovación de pasaportes a nicaragüenses o la invalidación del documento.
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El abogado y extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán advierte que esta reforma podría terminar aplicándose de forma retroactiva, como ha sucedido con otras normas impulsadas por el oficialismo en años recientes.
«Según lo estipulado, esta disposición regirá únicamente para el futuro», señaló Morazán en una hilo publicado en la red social X (antes Twitter). El especialista en administración de justicia agregó que frente a ese panorama «un análisis del historial legislativo reciente revela un patrón de reformas que legitiman acciones previas».
Morazán, uno de las figuras a las que el régimen lo despojó de su nacionalidad nicaragüense el 15 de febrero de 2023, ilustró su preocupación con una serie de ejemplos. Recordó cómo organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron cerradas y sus bienes confiscados sin base legal previa, y posteriormente se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros para justificar esas acciones. «Ese mismo patrón podría repetirse ahora con la reforma a los artículos 23 y 25», alertó.
En el artículo 23, se establece que los extranjeros, con excepción de los centroamericanos, tendrán que renunciar a su nacionalidad de origen si quieren nacionalizarse nicaragüenses mientras que el artículo 25 prohíbe explícitamente la doble nacionalidad. La contradicción está en que más de 300 opositores al régimen fueron despojados de su nacionalidad en 2023, antes de la reforma, dejándolos en situación de apatridia.
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«Ese mismo día en que se despojó de la nacionalidad a 222 opositores, se introdujeron reformas para legitimar la medida», recalcó Morazán. «Además, se han registrado expulsiones de ciudadanos y extranjeras, incluyendo a quienes nacieron en Nicaragua».
El abogado expuso que el régimen utiliza reformas legales como instrumentos de convalidación a posteriori, convirtiendo lo ilegal en “legal” con retroactividad fáctica. «Después de mantener por largos períodos de tiempo privados de libertad a los presos políticos, se creó una ley que permitía detenciones de hasta 90 días sin necesidad de acusación formal», recordó.
Este patrón es una constante, según Morazán. Otro ejemplo es la extensión del mandato de la actual codictadora Rosario Murillo hasta 2028 mediante una reforma constitucional que tuvo efectos retroactivos. «Estas reformas han generado controversia, pues no respetan principios básicos del derecho como la legalidad y la irretroactividad de la ley», explicó.
La reforma sobre la doble nacionalidad se enmarca en este mismo contexto. Aunque se ha declarado que no será retroactiva, existe el precedente que invita al escepticismo. «Estos antecedentes evidencian una práctica recurrente de formalizar acciones a posteriori mediante reformas legales», denunció Morazán.
La principal preocupación radica en que se usen estas reformas para justificar futuras expulsiones o para consolidar la despatriación de críticos del régimen. Esto genera un clima de inseguridad jurídica para la ciudadanía, en especial para quienes viven en el exilio o tienen otra nacionalidad además de la nicaragüense.
«La ciudadanía debe mantenerse vigilante ante las implicaciones de estas reformas en el ejercicio de sus derechos fundamentales», concluyó Morazán. Y añadió una advertencia clave: «La aplicación de los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos está gravemente comprometida en Nicaragua».
