Dictadura de Ortega ratifica prohibición total de cigarrillos electrónicos en Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ratificó la prohibición absoluta del uso, comercialización, importación y distribución de cigarrillos electrónicos y otros sistemas de fumado electrónico en Nicaragua, mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Salud (Minsa).
En el documento, divulgado este 2 de enero de 2026, el Minsa recordó que desde el 28 de junio de 2021 rige la Resolución Ministerial No. 334-2021, la cual veta cualquier actividad relacionada con los sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluidos vaporizadores y dispositivos similares, con o sin nicotina.
El Minsa sostiene que estos productos causan «grave daño a la salud» y que su contenido puede provocar cáncer debido a la presencia de nicotina y otras sustancias tóxicas.
Prohibición alcanza uso, venta e importación
Según el comunicado oficial, la resolución prohíbe de forma expresa la fabricación, exportación, importación, promoción, publicidad, almacenamiento, distribución, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores en todo el territorio nacional.
La medida aplica tanto a personas naturales como jurídicas, sin distinción entre entidades públicas o privadas. El Minsa afirmó que la ley de salud obliga al Estado a controlar cualquier acción que afecte la salud de las familias nicaragüenses.
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La institución sanitaria señaló que la ratificación busca reforzar el cumplimiento de una normativa que ya se encuentra vigente. El Minsa, sin embargo, no aclaró si la publicación de este segundo comunicado es porque hayan detectado a personas o empresas desacatando la prohibición.
Advertencia de sanciones y llamado a otras instituciones
En el texto, el Minsa advirtió que aplicará sanciones a quienes incumplan la resolución, conforme a lo establecido en la legislación que regula la materia sanitaria en Nicaragua.
Además, el ministerio solicitó a las demás instituciones del Estado que garanticen el cumplimiento estricto de la prohibición, sin detallar qué entidades asumirán tareas de control, inspección o decomiso.
La dictadura no precisó cifras sobre decomisos, sanciones impuestas ni operativos recientes relacionados con cigarrillos electrónicos, ni explicó por qué decidió reiterar la resolución más de cuatro años después de su emisión original, pero se da por descontado que para garantizar el cumplimiento tendrían que involucrarse entidades como la Policía o la Dirección General de Aduanas (DGA) para evitar el ingreso de esos artículos al país.
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