ONG registra 199 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en Costa Rica
Costa Rica se ha convertido en el principal escenario de la represión transnacional contra exiliados nicaragüenses, según el informe «Represión transnacional Nicaragua, más allá de la frontera» presentado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La organización documentó 199 casos de represión transnacional en un universo de 1.446 denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas entre 2019 y 2025. Estos casos incluyen hostigamiento físico, amenazas digitales y vigilancia a familiares de personas opositoras en el exilio.
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El documento, que abarca el periodo comprendido entre 2018 y 2025, advirtió que la persecución política impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha extendido más allá del territorio nicaragüense.
Según el estudio, los testimonios recopilados «demuestran que Costa Rica es el principal país receptor de exiliados nicaragüenses y también el territorio donde se concentra la mayor parte de los hechos de persecución transfronteriza», cita la agencia EFE.
«El exilio no detiene la persecución política»
Durante la presentación del informe, el abogado y activista del colectivo Yader Valdivia alertó que «el país se convierte así en una extensión geográfica de la represión política nicaragüense, mediante la infiltración de actores vinculados al régimen, el uso de redes digitales de hostigamiento y la operación de células parapoliciales o individuos que actúan bajo órdenes indirectas del Estado».
«El exilio no detiene la persecución política, sino que da lugar a nuevas formas de violencia transnacional», señaló el informe.
El Colectivo considera que el régimen de Ortega y Murillo emplea el miedo como una herramienta fundamental de control. Esta táctica se aplica mediante amenazas explícitas o agresiones directas y a través de una guerra psicológica que incluye el uso de símbolos intimidantes: fotografías de balas, la difusión de información precisa sobre la localización de las víctimas, llamadas anónimas de advertencia y comentarios que sugieren la infiltración en las actividades de los exiliados.
«Las acciones repetidas, dirigidas y coordinadas contra personas exiliadas constituyen una política de Estado que excede la figura de persecución física y se proyecta en formas psicológicas, digitales, simbólicas y documentales».
Además, advirtió que la falta de investigaciones en los países de acogida «facilita la expansión de la represión más allá de las fronteras».
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