GHREN denuncia en la ONU la represión transfronteriza del régimen de Nicaragua
Por primera vez, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sus conclusiones y recomendaciones sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país centroamericano desde 2018, con el inicio de las protestas.
En su intervención, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a exigir responsabilidad y justicia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
El presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, lamentó que Nicaragua, que en el pasado promovía la paz y la democracia en la región, figure ahora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por razones opuestas.
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«Durante décadas, Nicaragua ha promovido la situación de Centroamérica en la Asamblea General de la ONU, como una región de paz, democracia y desarrollo», afirmó Simon. «Resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el estado de derecho y las instituciones democráticas».
Las conclusiones del GHREN, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, evidencian una política estatal «deliberada para silenciar la disidencia dentro y fuera del país» y para consolidar «un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho». Según el informe, la represión estatal se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones y desapariciones forzadas.
El experto Reed Brody advirtió sobre el aumento alarmante de las desapariciones forzadas, calificando esta práctica como una forma extrema de crueldad que afecta tanto a las víctimas como a sus familias.
«El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del Gobierno refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre», declaró Brody, subrayando que el sistema judicial nicaragüense se ha convertido en «depredador» contra las propias víctimas que buscan justicia.
El informe también denuncia la expansión de la represión más allá de las fronteras nicaragüenses, con ataques, amenazas y despojo de nacionalidad a opositores en el exilio.
La experta Ariela Peralta señaló que «la privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir», destruyendo familias y dejando a miles de personas en el exilio sin identidad jurídica ni medios de vida.
Uno de los casos más recientes mencionados es el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, opositor del régimen sandinista, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, que según el GHREN sería al menos el cuarto ataque contra un exiliado nicaragüense en ese país.
Brody denunció que «el Gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales y el reingreso al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley».
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El retiro de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos fue interpretado por el Grupo como un intento deliberado del Gobierno para evadir el escrutinio internacional y garantizar impunidad.
«El aislamiento del Gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad», afirmó Simon, quien subrayó que la inclusión de Nicaragua en la agenda de la Asamblea General representa una “señal de alerta” sobre la magnitud de la represión.
Finalmente, el GHREN instó a los Estados miembros a tomar medidas concretas: impulsar acciones legales y sanciones selectivas, fortalecer los mecanismos de protección y asilo para los exiliados, y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención de 1961 sobre la reducción de casos de apatridia.
«La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo», enfatizó Peralta. «El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible», concluyó.
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