Ortega y Murillo van por el botín de recursos de gran valor ambiental en zonas fronterizas
La ampliación de la franja fronteriza aprobada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Ley 1258 pone bajo dominio estatal vastos territorios ricos en recursos naturales y productivos.
Esas zonas ahora forman parte de una zona de control especial del Estado, lo que genera alarma entre las comunidades campesinas e indígenas que habitan esos espacios.
La norma, de apenas cuatro artículos, declara propiedad estatal todos los terrenos comprendidos en los 15 kilómetros de franja fronteriza.
Con ello, el régimen de Nicaragua adquiere facultades sobre tierras fértiles para la agricultura, áreas dedicadas a la ganadería, bosques, reservas de agua y territorios de alta biodiversidad. Los pobladores temen que esas riquezas se conviertan en botín para proyectos extractivos sin consulta previa.
Los recursos de los que se apropia
El Informe Perspectivas 184 del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) alerta que «la ampliación fronteriza incluye recursos estratégicos de gran valor económico y ambiental, cuya apropiación por el Estado plantea riesgos de despojo para las comunidades que históricamente los han habitado y protegido».
En el norte del país, extensas plantaciones de café, granos básicos y cacao forman parte de la franja declarada bajo control militar.
En el sur, las tierras ganaderas y las áreas de cultivo de plátano y arroz corren el mismo riesgo de ser confiscadas o administradas directamente por el gobierno central, debilitando la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.
Noticia relacionada: Nueva Ley de Fronteras, un lavado al marco legal para ampliar negocios sospechosos en Nicaragua
Las comunidades indígenas expresan particular preocupación, ya que muchos de sus territorios ancestrales coinciden con la nueva delimitación. Líderes comunales aseguran que la ley viola su derecho a la propiedad colectiva y amenaza sus formas tradicionales de gestión de los recursos naturales, amparadas por estatutos de autonomía y convenios internacionales.
Bosques, en peligro
Las reservas naturales ubicadas en las franjas fronterizas también se encuentran bajo riesgo. Bosques primarios, corredores biológicos y humedales que forman parte del patrimonio ambiental del país podrían abrirse a actividades extractivas o de explotación comercial.
Para Cetcam, «el impacto ambiental de la Ley 1258 puede ser irreversible si no se establecen salvaguardas estrictas».
En términos económicos, la apropiación estatal de estos territorios concentra en manos del régimen el control sobre tierras de alta productividad y potencial minero.
Observadores señalan que el verdadero interés detrás de la ley no es la seguridad nacional, sino el acceso a recursos estratégicos que generan riqueza y que, hasta ahora, sostienen la vida de miles de familias.
La imposición de la ley también golpea directamente a los municipios fronterizos, cuyos ingresos dependen de tributos vinculados a las actividades agrícolas y comerciales de la zona.
Con la expropiación implícita, la capacidad de recaudación municipal se reduce y las comunidades perderán servicios básicos financiados con esos recursos.
En el plano social, el temor es generalizado. Familias campesinas desconocen si podrán seguir cultivando sus parcelas o si serán desplazadas para dar paso a proyectos impulsados por el Estado.
La incertidumbre frena inversiones locales y debilita los lazos comunitarios construidos alrededor de la tierra y su producción.
Comentarios