EE. UU. alerta sobre situación de represión transnacional a nicaragüenses en Costa Rica

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) reveló en un informe anual que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró durante 2024. El documento, titulado 2024 Country Reports on Human Rights Practices, reseña que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó los abusos contra las libertades civiles y políticas, con un aumento de la represión transnacional, violaciones a la libertad religiosa y ataques directos a la oposición, tanto dentro como fuera del país.

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El informe de EE. UU. denuncia una serie de violaciones graves a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones forzadas y torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Durante 2024, también se registraron serias restricciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. En particular, el informe señala que periodistas fueron víctimas de «violencia o amenazas de violencia», y las restricciones en internet fueron severas.

Represión y acoso a exiliados en Costa Rica

El informe reseñó la represión transnacional ejercida por el régimen de Ortega, que afectó a nicaragüenses exiliados, especialmente en Costa Rica. Detalló cómo «parapolicías y simpatizantes del FSLN» cruzaron la frontera para acosar a opositores y cómo funcionarios de inteligencia de la embajada de Nicaragua en Costa Rica participaron en actos de «vigilancia y coerción».

Asimismo, el régimen nicaragüense intentó manipular las herramientas internacionales de seguridad, como las Notificaciones Rojas de Interpol, para perseguir a opositores, citando el caso de la extradición de Douglas Gamaliel Álvarez Morales desde Costa Rica.

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A pesar de que no se menciona el caso contra Joao Maldonado y Nadia Robleto, es crucial recordar que el atentado contra estos activistas ocurrió el 10 de enero de 2024. Este ataque no solo expuso la creciente violencia dirigida hacia los opositores, sino que tuvo consecuencias devastadoras para Nadia Robleto, quien, tras el atentado, quedó con condición de tetraplejia.

Además las autoridades nicaragüenses implementaron medidas para controlar la movilidad. Las oficinas consulares en el extranjero «negaron el acceso a pasaportes a opositores y a sus familiares» para impedir su salida hacia otros países.

Detenciones arbitrarias contra opositores

El informe de EE. UU. citó el trabajo realizado por varias organizaciones de derechos humanos que documentaron durante 2024 un patrón preocupante de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias por parte del régimen de Ortega.

En varios de estos casos, las autoridades ignoraron el derecho al habeas corpus y los detenidos no tuvieron acceso a la justicia. «Las autoridades no permitieron que quienes se consideraban opositores políticos impugnaran la legalidad de su arresto», detalla el reporte.

La prolongada prisión preventiva fue una constante entre líderes opositores y clérigos católicos, quienes fueron detenidos sin cargos y sin un proceso legal adecuado. Además, en 2024, el régimen detuvo de manera arbitraria, al menos, nueve sacerdotes.

El Departamento de Estado también denunció las severas condiciones a las que sometieron más de 150 presos políticos en el penal Jorge Navarro, La Modelo. Organizaciones documentaron casos de tortura física y psicológica, incluyendo desnutrición intencional, aislamiento prolongado y la privación de acceso a objetos religiosos y materiales de lectura.

«La capitana del pabellón, Rosa Velásquez, permitió abusos sistemáticos contra al menos 50 reclusos (…) guardias de la prisión golpearon, entre el 12 y 13 de agosto, a prisioneros del bloque 300 por celebrar una protesta contra las elecciones fraudulentas en Venezuela».

Impunidad en Nicaragua

El informe subraya que la impunidad sigue siendo un factor clave en la perpetuación de los abusos y la violación de derechos humanos en Nicaragua. Las fuerzas de seguridad y parapoliciales responsables de las torturas y violencia no han sido sometidas a investigación ni han enfrentado consecuencias legales.

«Bajo el actual gobierno, las autoridades no han mostrado disposición para investigar ni procesar a los responsables de estos crímenes».