Procuraduría de Justicia absorberá a la Fiscalía y la «lucha contra la corrupción» estará en manos de Ortega y Murillo

La Procuraduría General de Justicia aboserberá por completo a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público. Ambas entidades quedarán en una única institución que también estará bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una reciente entrevista, la procuradora general, Wendy Morales, explicó los pormenores del funcionamiento de la nueva instancia, sumándose a la narrativa de que esta transformación busca «fortalecer la lucha contra la corrupción» y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Sin embargo, el nuevo modelo también plantea dudas sobre la independencia y el control del sistema judicial, aunque ya Ortega sometió en la propia Constitución hecha a su medida, a los tribunales, a quienes renombró como simples «órganos», bajo supeditación del Ejecutivo.

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Morales aclaró que la reestructuración no responde a la creación de dos nuevas entidades, sino a la consolidación de ambas instituciones bajo una sola estructura y una única administración.

«Lo novedoso es que la Procuraduría General de Justicia ahora agrupará ambas funciones en una sola institución, estarán agrupadas», señaló. La nueva estructura de la PGJ también se encargará de las funciones relacionadas con la defensa de las víctimas en delitos comunes, hasta ahora una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.

Titular lo designará Rosario Murillo

Según la procuradora, la lucha contra la corrupción es un eje «desde el inicio de la Procuraduría General de la República», y ahora se refuerza bajo esta nueva estructura. «La lucha contra la corrupción es un eje desde el inicio de la Procuraduría y continuará siendo un pilar importante». Sin embargo, uno de los puntos más polémicos de la reforma es el control absoluto que tendrá la Presidencia de la República sobre la figura del titular de la PGJ.

Morales especificó que el nuevo titular de la PGJ lo designará directamente la Presidencia, es decir, el régimen orteguista. Muy probablemente esta designación recaerá en manos de Rosario Murillo, quien fue la encargada de impulsar la creación de esta nueva figura institucional, que además fue aprobada de manera expedita por la Asamblea Nacional sandinista.

«El titular de la Procuraduría General de Justicia lo definirá la Presidencia de la República», reiteró, sin hacer mención al impacto que esto tendrá sobre la independencia y discrecionalidad del sistema judicial, ya que se centralizan aún más las decisiones en una única figura, nombrada por el poder político.

¿Qué pasará con la fiscal general Ana Julia Guido?

Wendy Morales tampoco hizo referencia sobre el futuro de Ana Julia Guido, la actual fiscal general del Ministerio Público -institución que ahora será absorbida-. La procuradora Morales no abordó directamente su posible reemplazo ni cómo se integrarán sus funciones a la nueva estructura, lo que deja en el aire el destino de la Fiscalía.

Por otro lado, el cambio estructural también tendrá implicaciones en los procedimientos de fiscalización y sanción de actos de corrupción. Morales mencionó que los informes de la Contraloría General de la República, que detecten irregularidades en la administración pública, los canalizará hacia la nueva Procuraduría. «Los resultados de las auditorías de la Contraloría se trasladarán a la Procuraduría General de Justicia para iniciar las acciones civiles y penales correspondientes contra los responsables», detalló.

Una lucha que no apunta a la familia Ortega Murillo

A pesar de la insistencia en la «lucha contra la corrupción», hubo una omisión en las declaraciones de la procuradora: la falta de referencia a los presuntos actos de corrupción que involucran a miembros de la familia Ortega-Murillo.

La centralización de la justicia bajo una figura nombrada por la Presidencia genera dudas sobre la verdadera capacidad de la PGJ para ser un contrapeso efectivo al poder del régimen, aunque Morales afirmó que el sistema se alinea con «estándares internacionales» en términos de justicia y persecución del delito.

Sobre la también recién aprobada Ley de Territorio Fronterizo, Morales dijo que la nueva PGJ mantendrá su responsabilidad de velar por estos activos, sin interrumpir las actividades económicas en la franja fronteriza. «No se van a detener las actividades económicas, simplemente estamos garantizando la seguridad y soberanía del Estado».