Ortega y Murillo usan Ley de Territorio Fronterizo para aplicar «una confiscación lisa y llana», dice Dora María Téllez 

La exguerrillera sandinista y crítica del régimen de Nicaragua Dora María Téllez denunció que la recién aprobada Ley de Territorio Fronterizo implica una confiscación masiva de propiedades en 27 municipios de Nicaragua, afectando a miles de familias que habitan en la franja fronteriza del país.

La normativa, aprobada el 5 de agosto, establece que todas las tierras dentro de un radio de 15 kilómetros, al norte y sur, de la frontera nicaragüense serán consideradas propiedad del Estado.

Téllez señaló que esta medida afecta no solo a terrenos baldíos, sino a fincas productivas, viviendas, tierras indígenas y propiedades de familias que han vivido en esas zonas por generaciones.

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La ley establece que estas tierras pasan automáticamente a ser propiedad del Estado, sin necesidad de un proceso judicial, lo que, en la práctica, conlleva una confiscación de facto de las propiedades.

«Los dueños de estas tierras no pueden vender, heredar, hipotecar ni defender sus propiedades. Ni siquiera estamos hablando de una expropiación porque no hay una indemnización. Se trata de una confiscación lisa y llana», afirmó la analista política a través de un video publicado en su canal de YouTube.

Municipios afectados con la Ley de Territorio Fronterizo

Téllez detalló que los municipios impactados con la nueva ley se encuentran, especialmente, en áreas rurales y campesinas y en la Región Autónoma del Caribe del Norte.

Los municipios son, en el departamento de Chinandega: El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte.

En el departamento de Madriz: San José de Cusmapa, La Sabana, San Lucas y Somoto. En la región de Nueva Segovia: Santa María, Dipilto, Mozonte, San Fernando, Jalapa, Murra y Wiwilí de Nueva Segovia. Mientras que en el departamento de Jinotega serían afectados Wiwilí de Jinotega y San José de Bocay.

En la Región Autónoma del Caribe del Norte, las zonas afectadas son Waspán, donde residen comunidades indígenas. Mientras que en el departamento de Río San Juan, los perjudicados residen en San Carlos, El Castillo y San Juan del Norte.

Según la exguerrillera, estos territorios, que en conjunto suman alrededor de 18.000 kilómetros cuadrados, son áreas habitadas por miles de personas que verían cómo sus derechos de propiedad son arrebatados por el Estado.

Un control total sobre las tierras

Téllez también explicó que, con esta ley de Territorio Fronterizo el gobierno adquiere un poder absoluto sobre las tierras confiscadas y a través de la recién creada Procuraduría General de Justicia, podría inscribir las propiedades a nombre del Estado sin el conocimiento de los dueños.

«Estos territorios se considerarían muertos. Los ocupantes corren el riesgo de ser desalojados y esto no es exageración. Según los tres artículos de la ley, las propiedades pertenecen al Estado y las leyes previas han sido derogadas», alertó Téllez.

La dirigente política sostuvo que el verdadero objetivo de esta ley no es la seguridad fronteriza, como argumenta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino los intereses económicos de la familia presidencial y sus socios comerciales, especialmente las empresas chinas.

Según Téllez, la ley facilita la entrega de grandes concesiones mineras a empresas extranjeras, que afectarían directamente a comunidades indígenas y campesinas que habitan en estas zonas.

Mencionó que una semana antes de que se aprobara la ley, el régimen orteguista había aprobado concesiones mineras de enormes dimensiones para la empresa china Thomas Metal, que abarcarían miles de hectáreas en las mismas regiones que ahora pasan a ser consideradas territorio del Estado.

«Esta es la última amenaza a la vida, a la propiedades y a la condición de la familia del pueblo nicaragüense», lamentó.

Resistencia y represión

Téllez también destacó que la resistencia de la población será clave para frenar la implementación de esta ley, tal como ocurrió con un proyecto anterior que buscaba despojar a los campesinos de sus tierras para entregárselas a empresas chinas.

«Aquí solo la resistencia de los nicaragüenses es lo que puede impedir lo que los Ortega Murillo están consumando contra todo el mundo, porque se aplicará a todos sin importar tendencias políticas», afirmó.

Recordó que desde 2023, ocho defensores de las tierras indígenas han sido encarcelados por defender sus territorios.