Abogados sobre la nueva Procuraduría de Justicia creada por Rosario Murillo: «Es otro instrumento de sicariato político»
La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que integrará la Procuraduría General de la República (PGR) con el Ministerio Público y creará una nueva Procuraduría General de Justicia, ha generado reacciones de especialistas en derecho, quienes consideran que esta medida representa un retroceso en las garantías del acceso a la justicia y refuerza la persecución política en el país.
La reforma, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo el lema «Todos y todas contra la corrupción», modifica los artículos 159 y 160 de la Constitución para redefinir el rol de la Procuraduría, asumiendo funciones tanto de representación legal del Estado como de acusación en procesos penales, según detalló el diputado oficialista Carlos Emilio López.
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La reforma fue aprobada en primera discusión este miércoles, 6 de agosto, por la bancada oficialista, sin un debate profundo ni objeciones.
«Una desprotección de las garantías de justicia»
El abogado Juan Diego Barberena destacó que, aunque la reforma no cambia la situación respecto a la independencia de los poderes del Estado, ya comprometida con la reforma de febrero de 2025, sí afecta gravemente las garantías de acceso a la justicia. En particular, cuestionó la fusión de las funciones de la Procuraduría con las del Ministerio Público.
«Esta reforma no tiene impacto sobre la independencia de poderes, porque esa independencia desapareció desde la reforma de febrero de 2025», explicó Barberena. Sin embargo, subrayó que la absorción del Ministerio Público por la nueva Procuraduría General de Justicia crea un conflicto fundamental.
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«La Procuraduría representa los intereses del Estado, mientras que el Ministerio Público debe representar a las víctimas en el proceso penal. Esta fusión es antitética y genera una desprotección en las garantías de acceso a la justicia», puntualizó.
Barberena también advirtió que, lejos de ser un instrumento para combatir la corrupción de manera imparcial, la reforma tiene como fin perseguir a la disidencia política. «La verdadera intención de esta reforma no es perseguir la corrupción, sino fortalecer la estructura de persecución del patrimonio de los opositores políticos y de los actores internos del FSLN que no pueden hacer nada sin antes tener la aprobación de Rosario Murillo», agregó.
«Una herramienta de persecución política»
La abogada Azahalea Solís coincidió en gran medida con la crítica de Barberena, indicando que la reforma no tiene como objetivo real la lucha contra la corrupción. En su análisis, subrayó que la nueva Procuraduría será una herramienta que facilitará el control político.
«Es una nueva institución para perseguir a los opositores y colgarles la etiqueta de que son corruptos», declaró. Para la abogada, esta reforma es una extensión del uso de la justicia como un «arma de sicariato político», que no busca realmente garantizar justicia, sino amedrentar a quienes se oponen al régimen.
Según la abogada y activista, la nueva Procuraduría es un instrumento hipócrita y contradictorio. «La legislación sería aplicada por un régimen que es corrupto».
En sus declaraciones, la abogada calificó directamente a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a sus hijos, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega, como «la imagen más clara y evidente» de este flagelo en Nicaragua, señalando que son ellos quienes deberían ser el objetivo de una verdadera lucha anticorrupción.
Procuraduría de Justicia tras encarcelamiento de Bayardo Arce
La reforma de la constitución y la creación de la nueva Procuraduría General de Justicia llega en un contexto de creciente tensión dentro del aparato estatal, particularmente después del encarcelamiento de Bayardo Arce Castaño, exasesor económico de Ortega, a quien acusan de ocultar propiedades y realizar transacciones sospechosas.
Aunque el discurso oficial de Rosario Murillo destaca la lucha contra la corrupción como el principal objetivo, analistas coinciden en que esta reforma está dirigida a consolidar un sistema de persecución política, más que a garantizar justicia.
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