Solicitan a la Corte Penal Internacional investigar asesinato de Roberto Samcam como crimen de lesa humanidad

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) prestar «especial atención» al asesinato del mayor retirado nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, y considerarlo como parte de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una comunicación enviada el 27 de junio al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, CALIDH alertó que el crimen se inscribe en un patrón de violencia extraterritorial ejercida por operadores vinculados al gobierno de Nicaragua contra opositores exiliados. «El asesinato del señor Samcam es parte de la perpetración del crimen de lesa humanidad de asesinato y de persecución establecidos en el artículo 6 del Estatuto de Roma», subrayó la carta firmada por Jorge Alejandro Mamani, presidente de CALIDH.

La organización remarcó que Samcam era un activo opositor al régimen de Ortega y Murillo, que desde 2018 se había exiliado en Costa Rica y fue desnacionalizado en febrero de 2023 junto con otros 316 nicaragüenses, como parte de la política de represión y persecución sistemática ejecutada por la dictadura.

CALIDH advirtió al fiscal de la CPI que, aunque Nicaragua no es Estado Parte del Estatuto de Roma, Costa Rica sí lo es, por lo que la fiscalía debería analizar si su territorio está siendo utilizado para la comisión de crímenes de lesa humanidad por agentes nicaragüenses. También reclamó un pronunciamiento oficial del gobierno costarricense sobre el asesinato y lo exhortó a «tomar todas las medidas que establece el derecho internacional para indagar y determinar si estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y someter el asunto al conocimiento de la Corte Penal Internacional».

Asesinado en su propia casa

Roberto Samcam Ruiz, de 65 años, era mayor retirado del Ejército Popular Sandinista y en los últimos años se desempeñaba como analista de seguridad y consultor político, reconocido por sus constantes denuncias contra la dictadura de Ortega y Murillo. Fue asesinado a tiros la mañana del 19 de junio de 2025 en su vivienda, ubicada en el condominio Naples, en el cantón de Moravia, de San José, Costa Rica.

Su asesinato estremeció a la comunidad de exiliados nicaragüenses, pues se considera un homicidio político de alto perfil contra un opositor refugiado en Costa Rica. Samcam se exilió en ese país en 2018, tras recibir amenazas por sus críticas al régimen y su participación en análisis sobre la represión estatal. El 15 de febrero de 2023, fue despojado arbitrariamente de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo junto con otros 93 opositores, sumándose a los 222 desterrados ese mismo mes.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que el asesinato de Samcam forma parte de un patrón de persecución transnacional, que incluye amenazas, atentados y asesinatos contra opositores nicaragüenses en el exilio, como los ataques sufridos por el activista Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto en Costa Rica, y el asesinato de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras en 2023.

Aunque el jefe del Estado de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves Robles, no se ha pronunciado sobre el crimen y el papel que jugaría su país si las investigaciones arrojan participación de un aparato criminal enviado desde Nicaragua para ejecutar asesinatos políticos, el caso podría llegar a la justicia internacional de la mano de la abogada penal internacional de origen español Almudena Bernabéu, quien se ha comprometido a buscar justicia por el mayor Samcam.

Bernabéu dijo en entrevista con el programa En Contacto, de Artículo 66, el pasado jueves, 26 de junio, que si se logra determinar que hubo participación del Estado nicaragüense en el asesinato, el caso sí podría ser encausado como un crimen de lesa humanidad ante la justicia internacional y que en el caso podría intervenir el estado español, en vista que Samcam era ciudadano de España desde julio de 2024, cuando el gobierno de Pedro Sánchez le otorgó la nacionalidad, en respuesta al despojo de su condición de nicaragüense que le había decretado la dictadura de Managua desde el 15 de febrero de 2023.