Parlamento Vasco denuncia la represión del régimen de Ortega: «Daremos seguimiento a esta situación y exploraremos mecanismos de apoyo a los nicaragüenses» 

El Parlamento Vasco emitió un mensaje de denuncia por la grave situación de represión sistemática en Nicaragua. Delegados de ese órgano legislativo de esa comunidad autonómica de España se reunieron con miembros de la Asociación por el Desarrollo y la Innovación Social (ADIS), quienes insistieron en la crisis sociopolítica que atraviesa la nación centroamericano desde abril de 2018.

Durante la sesión de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Donald Muñoz y Darling Marín —presidente y vicepresidenta de ADIS— presentaron el informe titulado “Nicaragua 2024: Derechos en crisis”. Este documento recoge las múltiples formas de represión que ejerce el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población civil, en un contexto de desmantelamiento sistemático de los derechos fundamentales.

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Entre los datos más alarmantes presentados destaca el cierre de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil, lo que representa el 77% del total de ONG registradas antes de 2018. La cancelación de 49 medios de comunicación, el exilio forzado de 263 periodistas y más de 180 casos documentados de tortura dan cuenta de la magnitud del deterioro democrático.

El Parlamento Vasco condenó estos hechos en un comunicado oficial, donde expresó su rechazo a las políticas represivas de la dictadura nicaragüense. «El Parlamento Vasco se solidariza con el pueblo de Nicaragua», dice el comunicado.

Asimismo, se recordó que 350 personas fueron asesinadas desde el inicio de la crisis, más de 50 presos políticos aún hay encarcelados, y más de 400 personas despojadas de su nacionalidad. A esta grave situación se suma el impacto de políticas económicas coercitivas, como el control de remesas —que representan el 27% del Producto Interno Bruto— utilizadas como mecanismo de vigilancia y castigo para los opositores.

Otro punto crítico señalado por ADIS fue la reforma constitucional aprobada en 2025, que elimina la doble nacionalidad y deja a miles de exiliados en condición de apatridia. El uso de leyes como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ha servido para criminalizar el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones que reciben apoyo internacional.

Representantes de los grupos parlamentarios —entre estos el Partido Nacional Vasco, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y EH Bildu— coincidieron en su condena a la represión y manifestaron su voluntad de establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento a la sociedad civil nicaragüense.

«Desde ADIS reafirmamos nuestro compromiso de seguir denunciando y documentando las violaciones a los derechos humanos, así como fortaleciendo las redes de apoyo para quienes resisten dentro y fuera de Nicaragua», indica la nota de prensa compartida a medios de comunicación.

La crisis en Nicaragua, que comenzó en abril de 2018 con la represión de las protestas sociales, ha dejado un saldo de casi un millón de personas forzadas al exilio, convirtiéndose en una de las mayores crisis de desplazamiento forzado en América Latina. La respuesta del Parlamento Vasco representa un importante gesto de solidaridad internacional ante el sufrimiento del pueblo nicaragüense.