Parlamento sandinista aprueba reformas al Código Militar y Ley de la Policía enviadas por Ortega

Los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura sandinista, como de costumbre, aprobaron por unanimidad las reformas al Código Militar y la Ley de la Policía, enviadas el 25 de noviembre pasado por el dictador Daniel Ortega.

La reforma aprobada sin rechistar por los parlamentarios del Frente Sandinista y sus colaboracionistas establece la ampliación a los mandatos del director general de la Policía Nacional y el jefe Ejército de Nicaragua, que pasan de cinco a seis años.

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Las modificaciones planteadas por el sandinismo, y ahora aprobadas por el Legislativo, modifican el artículo 8 de la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, en el que se establecía el período de cinco años para el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua.

También, incluyó el cambio en el artículo 47 de la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en el que aumenta de cinco a seis años el período para el director general de la la Policía. Además, otorga al dictador Ortega el poder prorrogar en el cargo al director general de la Policía «de acuerdo a intereses de la Nación».

Los cargos que pasarán de cinco a seis años en el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional actualmente son ocupados por personeros fieles a Ortega y Murillo; Julio César Avilés -quien en el 2025 cumplirá 15 años en ese cargo- y Francisco Díaz, este último consuegro de la pareja dictatorial nicaragüense, nombrado en ese puesto desde septiembre de 2018.

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Tanto el cargo de director general de la Policía Nacional como el de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua deben ser nombrados por el Presidente de Nicaragua, cargo que Ortega no ha soltado desde hace más de 17 años.

Opositores y analistas políticos, consultados por Artículo 66, tras conocerse el envío de esta iniciativa de Ortega, que era un hecho que sería aprobada por sus 75 legisladores de la Asamblea Nacional, valoraron que la reforma es parte de la consolidación de la estructura de poder de la dictadura, a través de las fuerzas armadas.

Enrique Martínez, activista opositor y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), señaló -previo a la aprobación de las reformas- que estas tienen «implicaciones profundas para la política interna del país y refuerzan el control autoritario del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conectado también con el afianzamiento del modelo autoritario que crearon con las recientes reformas constitucionales».

Asimismo, Donald Muñoz, de la Asociación Cívica por la Democracia, afirmó que la acción orteguista buscaba alinear a sus aliados al período que ellos mismos se recetaron para dirigir la Presidencia, ya que estos recientemente con las reformas a la Constitución Política de Nicaragua también se recetaron un año más de poder.