Cierre la UCA fue «por razones políticas», para silenciar el pensamiento crítico y suprimir el movimiento estudiantil, señala la ONU 

El 18 de agosto de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó lo que ni el déspota dictador anterior, Anastasio Somoza, se atrevió a hacer, clausuró la Universidad Centroamericana (UCA), y además, se robó todos sus bienes, tras acusarla de ser un «centro de terrorismo» y de esa forma la tiranía Ortega-Murillo cerró 64 años de historia académica de la que fue considerada una de las más prestigiosas casas de estudios superiores del país. 

Para el Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue un cierre arbitrario, por razones políticas y violatorio de los derechos humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

«En virtud de la información analizada, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua llevó a cabo el cierre arbitrario de la Universidad Centroamericana por motivos políticos y con la finalidad de acabar con instituciones académicas autónomas que pudieran generar opiniones o movilizaciones críticas y de silenciar la comunidad académica y los movimientos estudiantiles», dice el más reciente informe del GHREN, hecho público este seis de noviembre.

Los expertos de la ONU realizaron una pormenorizada documentación del caso del cierre de la UCA y confiscación de todos sus bienes, y en el informe se detalla la cronología nefasta que siguió la dictadura para culminar con el robo de la universidad jesuita.

Así se robó la UCA la dictadura Ortega-Murillo 

En el proceso de investigación y documentación realizado por el GHREN recabaron que, el 19 de agosto de 2023 agentes de Policía orteguista (armados y encapuchados), se presentaron, junto a miembros del poder judicial, en la residencia de seis religiosos de la Compañía de Jesús, conocida como Villa Carmen, para exigirles que desalojaran de inmediato el inmueble, argumentando que esa vivienda era también propiedad del Gobierno.

«A pesar de que los religiosos (tres de ellos en situación de alta vulnerabilidad por su edad y estado de salud) mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad que afecta a la vivienda como un bien diferente de la Universidad Centroamericana, los agentes les ordenaron dejar la casa y todas sus pertenencias».

Ese solo fue uno de los últimos actos de cólera y odio mostrados por los dictadores contra la Compañía de Jesús, que administraba la UCA. Un día antes, en La Gaceta, Diario Oficial se había publicado la cancelación de la personería jurídica de la casa de estudios superiores, que había sido fundada en 1960.

Pero en realidad el proceso de cierre y robo de las propiedades de la UCA había comenzado mucho tiempo antes, según la investigación del GHREN. Entre 2014 y 2015, la Academia de Ciencias, con sede en la UCA, organizó una serie de reuniones científicas internacionales con el fin de discutir la inviabilidad medioambiental del proyecto canalero que impulsaba el régimen de Ortega, y cómo afecta éste a los pueblos indígenas y al campesinado. El debate generado «no fue bien acogido por las autoridades» y ahí comenzaron las represalias.

Noticia relacionada: Organización jesuita demanda a Ortega el «cese inmediato de la ocupación de la UCA»

«Estas represalias se manifestaron principalmente a través de la instrumentalización de la ley, el sistema de justicia y otras instituciones del Estado en contra de la Universidad», dice el informe, y detalla además que, una de esas formas de represalia consistió en la disminución de financiación proveniente del Estado a través del 6% constitucional para la educación superior, del cual la UCA recibía parte, que finalmente fue cancelado en su totalidad en 2022.

El ahogo financiero hizo efectos en los beneficios de becas que aseguraba la universidad. Más del 50% de los 9,000 estudiantes de grado matriculados en 2018 eran beneficiarios de becas. Ese beneficio no puede continuar aplicándose para nuevos ingresos. Al momento del cierre de la Universidad en agosto de 2023, sólo quedaban unos 5000 estudiantes entre grado, postgrado y formación continua», indica el documento elaborado por los investigadores.

Junto al estrangulamiento económico el régimen ejecutaba acosos en todos los sentidos. La Dirección General de Ingresos le cobraba impuestos que no debía. La Dirección General de Aduanas le bloqueaba sus importaciones y donaciones y hasta le violaba su correspondencia. 

Asimismo, los expertos describen que, mediante el sistema judicial, el registro de la propiedad y bancos, la dictadura, de manera arbitraria inmovilizó sus propiedades, pese a que no habían recibido justificación ni procesos administrativos o judiciales  para esa inmovilización.

Noticia relacionada: UCR: La confiscación de la UCA solo «refleja el temor» de Ortega a las voces críticas

«En 2023, los actos represivos en contra de la Universidad Centroamericana se intensificaron. El 8 de agosto, la dirección advirtió que tanto las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana como las de sus cuatro directivos y 10 empleados más, de diverso rango, habían sido congeladas. Los bancos solo mencionaron que habían recibido órdenes», indica el informe.

Seis días después, el 14 de agosto, se publicó una resolución firmada por la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, María Amanda Castellón Tiffer, revocando la renovación de acreditación emitida el 17 de abril de 2023 al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana.

Y en una aceleración de los acontecimientos, un día después, el 15 de agosto se notificó un auto a la dirección de la Universidad Centroamericana, firmado por la Jueza Gloria María Saavedra Corrales y dirigido al rector, el Padre Rolando Alvarado, en el cual se indicaba que: 

«La Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas, destruyeron universidades públicas… ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al país y traicionando la confianza del pueblo nicaragüense que los acogió en nuestro país».

La misma resolución oficiosa, sin proceso judicial previo, señala que la UCA «por medio de sus principales directivos ha atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense incitando a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional».

Con ese argumento la jueza sandinista ordenó «la incautación de los bienes inmuebles de la UCA, incautación de todos los bienes muebles, de dinero, de las cuentas bancarias inmovilizadas y depósitos bancarios, todo a favor del Estado de Nicaragua». El robo estaba consumado.

Noticia relacionada: Ortega oficializa en La Gaceta la cancelación de la UCA

Ante la precipitación de los acontecimientos, y la inminente toma de la UCA por parte de la Policía,  según el informe, «parte del personal de la UCA tuvo que salir del país por puntos fronterizos informales de manera prácticamente inmediata por miedo a represalias, incluso posibles detenciones».

48 horas después, el 17 de agosto de 2023, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) informó sobre la creación de la «Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, sobre las instalaciones robadas a la UCA  y nombró formalmente como rector al fanático sandinista Alejandro Genet.

18 de agosto, cuando la dictadura publicó en La Gaceta la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, dicha Universidad en la práctica ya había sido desaparecida por el régimen.

El Grupo de Expertos concluye que «tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha violado de manera sistemática los derechos de las y los estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario de la Universidad Centroamericana a la libertad de conciencia y pensamiento, la libertad de opinión y expresión y la libertad de asociación, consagrados en los artículos 18, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».