El Observatorio de la democracia de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) catalogó la reciente confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA) como un «atentado contra la autonomía universitaria y la libertad académica» en Nicaragua.
El organismo también denunció que esta acción represiva perpetrada por el régimen de Daniel Ortega «es un claro ejemplo de la violación de derechos humanos fundamentales para la salud de toda sociedad democrática».
«Como Observatorio de la democracia de AUSJAL insistimos que este es un sistema que descansa en el respeto a las libertades individuales, la separación de poderes, la transparencia y la participación ciudadana. La toma violenta de una institución de educación superior por fuerzas gubernamentales contradice fundamentalmente estos principios», subrayó en un comunicado la entidad.
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En ese sentido, la organización apuntó que una universidad «debe ser siempre un espacio de diálogo, aprendizaje y crecimiento intelectual. Por ello, su autonomía es esencial para la promoción de la diversidad de pensamiento y el desarrollo de la vida democrática».
El Observatorio de la democracia AUSJAL expresó su solidaridad con la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la UCA, «quienes enfrentan esta difícil situación».
Ante la acción represiva de Ortega contra la UCA, la organización demandó a la dictadura de Ortega y Murillo el cese inmediato de la ocupación a la institución jesuita y «que permita que la comunidad académica recupere su libertad y su capacidad de contribuir al desarrollo intelectual y social del país».
Además, exhortó a la comunidad internacional, a los líderes regionales y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos «a unirse en la defensa de la democracia en Nicaragua. El desafío consiste en trabajar por la restauración de un sistema de gobierno basado en la libre participación ciudadana y en el respeto de los derechos de todas y todos los ciudadanos».
«En momentos como este es crucial mantenernos firmes en nuestro compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. La lucha por la libertad y la justicia en Nicaragua es una causa que trasciende fronteras, y estamos comprometidos a apoyarla en todos los niveles posibles», agregó.
La mañana del miércoles, 16 de agosto las autoridades de la UCA hicieron oficial la arremetida del régimen orteguista en su contra, luego que el 15 del mismo mes la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, le notificara la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad del alma mater.
Asimismo, la judicial ordenó que todos los bienes incautados pasaran a favor del Estado de Nicaragua, quien supuestamente «garantizará la continuidad de todos los programas educativos».
La Universidad Centroamericana se suma a la lista de 26 universidades a quien la dictadura de Daniel Ortega le pasa factura por no alinearse a su política de sometimiento, dejando a todos los estudiantes a la deriva y creando incertidumbre por su futuro profesional.