Los diputados de Asamblea Nacional, controlados en su totalidad por Daniel Ortega, fueron convocados para el sábado, 13 de julio de 2019, a una sesión extraordinaria para reformar con carácter de urgencia la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Sus Reformas o Ley 290.
Actualmente, el artículo 17 de la Ley propuesto a reformar resalta que: Para cada Ministerio de Estado el presidente de Nicaragua nombrará a un Ministro y a uno o varios viceministros. Con la nueva reforma, el régimen orteguista nombrará a uno a o varios Ministros y a uno o más de un viceministro cuando considere pertinente.
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Ante la propuesta de reforma de la Ley 290, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Walter Espinoza, aseguró que el régimen de Daniel Ortega pretende tener funcionarios de reserva para utilizarlos en caso que aumenten las sanciones de los Estados Unidos y otros Gobiernos.
“No dudemos que él (Ortega) quiere proteger a su gente que podría ser sancionada en un futuro”, aseguró el legislador liberal.
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El Gobierno de los Estados Unidos y el de Canadá han sancionado a 11 personajes de la dictadura orteguista y una entidad bancaria. Entre los sancionados figuran tres ministros, cuyas funciones en dichas carteras podrían estar diezmadas ante la imposibilidad de firmar cheques y convenios internacionales, por la prohibición impuesta por el Departamento del Tesoro norteamericano contra el sistema bancario mundial. Los ministros sancionados hasta la fecha son Sonia Castro, Ministra de Salud; Orlando Castillo, director del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el ministro de transporte e infraestructura, Óscar Salvador Mojica.
Las sanciones, en caso de otros personajes como el expresidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas; el jefe de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; el expresidente de Petronic y tesorero del FSLN, Francisco López; y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dejó en evidencia que las medidas pusieron contra las paredes a esas fichas del régimen, ya que Ortega tuvo que nombrar a otras personas que pudieran asumir las funciones administrativas para tratar de esquivar las restricciones.