Los senadores Ted Cruz y Bob Menendez enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunciando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de silenciar a las personas críticas a su gobierno y promover la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios solicitaron nuevas sanciones establecidas bajo la Ley Nica Act. Entre los funcionarios públicos propuestos se encuentran el dictador Daniel Ortega, la excomisionada, aliada del régimen y exdirectora general de la Policía Nacional, Aminta Granera, el comisionado Ramón Avellán, el inspector general, Jaime Vanegas, el jefe de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ), Luis Pérez Olivas, y el general de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), Justo Pastor Urbina.
Los representantes de la administración de Donald Trump también destacaron que tienen información de tres oficiales del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” en Tipitapa, señalados de ser los cómplices de la muerte del ciudadano estadounidense y preso político de la dictadura, Eddy Montes; asesinado a balazos por un custodio del penal el 16 de mayo de 2019, y del cual no se ha hecho ninguna investigación. En la lista aparecen el director general del Sistema Penitenciario, Julio Guillermo Orozco, la directora del penal de mujeres, Darling Morales Duarte, y el director de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario, Donald Pérez Garay.
Noticia relacionada: Sanciones de Estados Unidos siguen causando estragos: Orteguismo quita más funciones a Gustavo Porras
Los diputados orteguistas introdujeron una propuesta de reforma a Ley Orgánica del Parlamento para restarle aún más funciones al sancionado y agente de la dictadura, Gustavo Porras, quien funge como presidente de la Asamblea Nacional. Una vez la aplanadora al servicio de la tiranía vote a favor de las enmiendas el papel de Porras será prácticamente como estar pintado en la pared, ya que todos los documentos aprobados por esa instancia serán firmados por quien ocupe el cargo de Primer Secretario de la Junta Directiva del Legislativo. Gustavo Porras fue sancionado junto a tres funcionarios de instituciones del Gobierno, por los Estados Unidos bajó la Ley Global Magnistky y por Canadá bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, el 21 de junio de 2019.
Los agentes de la dictadura ante el Parlamento también reformarán con carácter de urgencia la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Sus Reformas o Ley 290. Actualmente, el artículo 17 de la Ley propuesto a reformar resalta que: Para cada Ministerio de Estado el presidente de Nicaragua nombrará a un Ministro y a uno o varios viceministros. Con la nueva reforma, el régimen orteguista nombrará a uno a o varios ministros y a uno o más de un viceministro cuando considere pertinente. “No dudemos que él (Ortega) quiere proteger a su gente que podría ser sancionada en un futuro”, aseguró Walter Espinoza, diputado del PLC ante la Asamblea.
Esos nuevos funcionarios serían como reservas en caso que se apliquen medidas en contra de ministros como el caso de Sonia Castro, ministra de Salud; Orlando Castillo, director del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, quienes han sido sancionados y con ello, sus funciones en dichas carteras podrían estar diezmadas ante la imposibilidad de firmar cheques y convenios internacionales, por la prohibición impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Durante la Convención Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el expresidente de Nicaragua y aliado del orteguismo, Arnoldo Alemán, aseguró que la dictadura no va a adelantar elecciones. También se ofrecieron para capacitar a los jóvenes que van a formar parte de los procesos electorales y culparon al expresidente Enrique Bolaños de dividir al voto liberal. “No sean niños, Daniel Ortega no va a dar eso (elecciones adelantadas); en cambio se pierden de hacer las reformas electorales (…) no van adelantar elecciones hay que ser políticos”, argumentó el exmandatario, quien fue enjuiciado por corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gobierno (1997-2002) y de facilitar el regreso al poder de Daniel Ortega mediante un pacto político que permitió que tanto Ortega como Alemán se repartieran el poder en todas las instituciones del Estado.
