Estas son las noticias más importantes del 22 de octubre de 2024

A pocos sorprende que Daniel Ortega y Rosario Murillo intenten engañar sobre lo que pasa en Nicaragua, lo que asusta es que pese a que nadie les crea, ellos insistan en el mismo discurso. «Seguimos trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, y los derechos humanos de todos» en Nicaragua, aseguran.    

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Esos comentarios se hallan en el documento oficial de respuestas a las abundantes recomendaciones de los países que evaluaron a Nicaragua en 2019.  Se trata de palabras vacías cuando se ve la realidad en el país: una nación sin libertades básicas, sin vida política, sin democracia, donde se violan los derechos humanos y donde las leyes están por debajo de lo que diga un matrimonio septuagenario que ya cumple 17 años en el poder. Y la comunidad internacional lo sabe.   

Bajo la fachada de un supuesto avance que nadie ve, el régimen Ortega-Murillo, sostiene que las «recomendaciones constructivas» del Examen Periódico Universal (EPU) de 2019, les permitieron «mejorar el respeto y la restitución de los derechos humanos». Creen que el mundo desconoce que son los gobernantes de un país que carece de oposición política verdadera porque los apresó, los ha desterrado y les ha robado sus bienes como castigo.

El régimen de Daniel Ortega sigue sin garantizar justicia para los 355 opositores asesinados durante la rebelión cívica de 2018, como consecuencia de una orden que él y su esposa dieron a policías y parapoliciales para aplastar las manifestaciones. Desde hace seis años, quien alce la voz en Nicaragua, paga con cárcel, destierro y el arrebato de su nacionalidad.

El régimen también intenta «dibujar» una imagen de progreso en la protección de los derechos de las personas LGBTI. En su respuesta al examen de derechos humanos, asegura que se sanciona la discriminación por «opción sexual» y que existen protocolos especializados para garantizar los derechos de este grupo en el Sistema Penitenciario Nacional. 

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Pero, una vez más, las palabras y la realidad parecen pertenecer a universos paralelos. «¿Cuáles sanciones se han dado por discriminación? ¿Qué procesos se han implementado para castigar estos crímenes?», cuestiona el abogado Salvador Marenco, defensor de derechos humanos.

La oposición aglutinada en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) afirma que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está en evidente descomposición interna, por lo que será imposible para ellos dejar una sucesión dinástica que al parecer recaería en Laureano Ortega, pues el régimen lo colocó en puestos claves y lo ha ligado a los altos mandos de poder dentro del Estado.

«Tal descomposición se manifiesta en el proceso sistemático y generalizado de purga a todos los niveles, en la administración pública, en la Policía Nacional, en el Ejército de Nicaragua, en las universidades públicas y dentro de la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional», dice el mensaje de la UNAB en redes sociales.

Para la organización opositora, otro aspecto que deja ver la descomposición interna de la dictadura es la terna presentada ante el Sistema de Integración Centroamericana SICA, en las que proponen a Sonia Castro, María Coronel Kinloch y Arling Alonso, todas ellas imputadas de cometer crímenes de lesa humanidad y condenadas con sanciones por parte de la comunidad internacional.

«Esta terna no solamente demuestra la decrepitud de la dictadura en su fase terminal, sino también la falta de lealtad, y de recambió en el propio régimen, únicamente dependen de los funcionarios desacreditados y criminales», dice Juan Diego Barberena del Consejo Político de la UNAB.