A pocos sorprende que Daniel Ortega y Rosario Murillo intenten engañar sobre lo que pasa en Nicaragua, lo que asusta es que pese a que nadie les crea, ellos insistan en el mismo discurso. «Seguimos trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, y los derechos humanos de todos» en Nicaragua, aseguran.
Esos comentarios se hallan en el documento oficial de respuestas a las abundantes recomendaciones de los países que evaluaron a Nicaragua en 2019. Se trata de palabras vacías cuando se ve la realidad en el país: una nación sin libertades básicas, sin vida política, sin democracia, donde se violan los derechos humanos y donde las leyes están por debajo de lo que diga un matrimonio septuagenario que ya cumple 17 años en el poder. Y la comunidad internacional lo sabe.
Bajo la fachada de un supuesto avance que nadie ve, el régimen Ortega-Murillo, sostiene que las «recomendaciones constructivas» del Examen Periódico Universal (EPU) de 2019, les permitieron «mejorar el respeto y la restitución de los derechos humanos». Creen que el mundo desconoce que son los gobernantes de un país que carece de oposición política verdadera porque los apresó, los ha desterrado y les ha robado sus bienes como castigo.
El régimen de Daniel Ortega sigue sin garantizar justicia para los 355 opositores asesinados durante la rebelión cívica de 2018, como consecuencia de una orden que él y su esposa dieron a policías y parapoliciales para aplastar las manifestaciones. Desde hace seis años, quien alce la voz en Nicaragua, paga con cárcel, destierro y el arrebato de su nacionalidad.
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El informe del régimen presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, parece más un ejercicio de ficción que un retrato fiel de la devastadora realidad que asola a Nicaragua, dicen analistas y defensores de derechos humanos que también han sufrido la persecución de la dictadura.
La realidad ignorada
Para Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el documento no se acerca ni un solo centímetro a la realidad del país. «Carece de todo fundamento», dice. «Está alejado de la realidad que se vive en el país», sentenció. «Tenemos claro que el régimen Ortega-Murillo, no rinde cuentas ante nadie más que ante sí mismo y miente todo el tiempo», señala el activista.
Mientras el informe asegura que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «promueve, defiende y tutela las garantías constitucionales y los derechos humanos de los nicaragüenses», la verdad es mucho más oscura.
Según Marenco, esta institución dejó de ser un bastión de justicia y se ha convertido en una herramienta al servicio de la impunidad. Incluso, recordó que desde 2019, la citada oficina fue desconocida como entidad independiente defensora de derechos humanos y catalogada como un apéndice más del régimen.
En marzo de 2019 la PDDH, fue degradada a clase «B» en la escala de Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos y en 2021, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la entidad fue sancionada por no defender los derechos de los nicaragüenses.
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«En particular, como mecanismo nacional de prevención de la tortura y a fin de cumplir plenamente su mandato, debe investigar exhaustivamente las denuncias de tortura y malos tratos a personas detenidas, en particular los cometidos desde abril de 2018», refería la resolución de la ONU sobre la oficina nacional.
32 cartillas oficialistas contra el cierre de 5,600 ONG
«La Procuraduría no realiza investigaciones, no tiene independencia. Se ha plegado a la dictadura garantizando la impunidad», subraya por su lado el defensor de derechos humanos.
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Esta desconexión entre la narrativa oficial y la realidad es flagrante. Mientras el régimen alardea de haber desarrollado 32 cartillas sobre derechos humanos para promover «una convivencia armoniosa», ha cerrado más de 5,600 organizaciones que trabajaban directamente con la población vulnerable.
«¿Cómo se puede hablar de armonía cuando lo que se vive es un constante estado de terror?», se pregunta Marenco. El activista va más allá: «No se vive en una convivencia armoniosa, sino todo lo contrario: se vive en un estado de terror permanente», acusa.
Para muchos opositores, las calles de Nicaragua, «alguna vez llenas de esperanza, ahora están envueltas en un miedo palpable que emana de un Estado que ha transformado el país en una prisión a cielo abierto».
Derechos Humanos en retórica, no en realidad
El régimen también intenta «dibujar» una imagen de progreso en la protección de los derechos de las personas LGBTI. En su respuesta al examen de derechos humanos, asegura que se sanciona la discriminación por «opción sexual» y que existen protocolos especializados para garantizar los derechos de este grupo en el Sistema Penitenciario Nacional.
Pero, una vez más, las palabras y la realidad parecen pertenecer a universos paralelos. «¿Cuáles sanciones se han dado por discriminación? ¿Qué procesos se han implementado para castigar estos crímenes?», cuestiona Marenco.
Su organización ha recibido numerosos testimonios de personas LGBTI que han sufrido violencia y estigmatización en las cárceles nicaragüenses. Las historias de abuso se acumulan mientras el régimen permanece impasible, proclamando su falso compromiso con la justicia y su matrimonio con la impunidad.
Por ejemplo, el asesinato de Eddy Montes Preslin, en 2019, es una cicatriz imborrable en la historia reciente de las cárceles de Nicaragua. Fue asesinado a balazos durante una protesta en la cárcel en demanda de mejores condiciones carcelarias.
A pesar de las promesas de un Procurador Especial para Cárceles del régimen de «investigar» lo que pasó, nunca se conoció una conclusión sobre el asesinato. No hubo ninguna investigación, ni informe, ni pronunciamiento oficial sobre ese caso. Reina hasta hoy, el silencio y la impunidad sobre ese crimen.
Un informe diplomático y calculado
Curiosamente, el lenguaje utilizado en este informe nacional es notablemente distinto al discurso belicoso que usualmente emana del régimen Ortega-Murillo, valora Marenco.
En lugar de las diatribas llenas de odio, insultos y estigmatización, el documento adopta un tono diplomático. Para Marenco, este cambio no es casual. «Es interesante preguntarse cuál es el objetivo de este cambio», reflexiona. «¿Es quizás una estrategia para lavar su imagen ante una comunidad internacional que cada vez observa con más recelo?», se pregunta.
No obstante, el lenguaje más suave no cambia los hechos: desde 2019, el régimen ha intensificado un sistema de tortura generalizada.
Ninguna «palabra pulida» puede ocultar el dolor de miles de nicaragüenses que viven bajo una dictadura brutal que, según expertos de derechos humanos, ha hecho del crimen de lesa humanidad un sello propio.
Recomendaciones ignoradas, sanciones esquivadas
En este marco de cinismo y represión, muchas de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional han sido completamente ignoradas por el régimen.
Bulgaria, por ejemplo, recomendó restablecer la autonomía de la PDDH, pero no hubo respuesta alguna por parte de Ortega en su informe nacional. Del mismo modo, las solicitudes de Eslovaquia, España, Georgia y Suiza para permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos al país cayeron en oídos sordos.
España fue más allá al pedir el regreso del ACNUDH y la CIDH a Nicaragua, entidades que, de haberse permitido su retorno, podrían haber dado testimonio de la gravedad de la situación. Sin embargo, el régimen eligió el camino del aislamiento, «blindándose» ante la observación internacional.
Una comunidad internacional impotente
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no duda en señalar que la situación de los derechos humanos en Nicaragua «es muy grave y se profundiza cada día».
El régimen ha implementado lo que él llama «un derecho penal del enemigo», donde la justicia no es más que un espectáculo manipulado, y la impunidad reina sin restricciones. Abrão es enfático al afirmar que Nicaragua se encuentra bajo «terrorismo de Estado», y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga la presión sobre Ortega y Murillo.
La «gran cárcel» nicaragüense
Gabriel Putoy, un profesor exiliado, describe con crudeza la realidad que vive su país. «No existe un poder judicial independiente, solo una banda de operadores políticos que violentan las normas elementales del debido proceso».
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Los ciudadanos, antes protegidos por el sistema judicial, ahora están a merced de un aparato represivo que captura, tortura y condena sin piedad. Putoy lamenta que Nicaragua se haya convertido en «una gran cárcel» donde cada día los derechos humanos son violados con impunidad. «La Policía es cómplice, la Fiscalía es inoperante y los jueces se han convertido en peones del régimen», añade.
La conclusión de Putoy resuena como una advertencia sombría para el mundo: «Nicaragua es una dictadura totalitaria que se aferra al poder a cualquier costo, desoyendo el clamor de la comunidad internacional y de su propio pueblo», denuncia.
Y mientras el régimen Ortega-Murillo siga aferrándose a una narrativa falsa y peligrosa, el sufrimiento de los nicaragüenses seguirá creciendo, enterrado bajo un manto de terror e impunidad que ha llevado a un millón de su gente al exilio, al destierro y al riesgo de buscar la vida en tierras lejanas.