Ortega elimina el 72 por ciento de las ONG en Nicaragua

La dictadura de Ortega y Murillo ha desmantelado hasta ahora 5,200 Organismos No Gubernamentales de las 7,227 inscritas hasta 2018 en el Ministerio del Interior por lo que quedan activas en el paìs, alrededor de 2,000 organismos, lo que representa la eliminación de un 72 por ciento de organismos sin fines de lucro.

La Fundación del Río, hasta marzo de 2023, reportaba que la eliminación de esos organismos había dejado en el desempleo a 23,483 trabajadores, con pérdidas que superaban los 250 millones de dólares y en el desamparo a unos 3.5 millones de nicaragüenses, beneficiarios de los proyectos impulsados por esas organizaciones. Esos números probablemente se hayan duplicado con este nuevo golpe a las asociaciones.

La mayoría de oenegés eran de carácter religioso y caritativo, entre ellas están ocho de las entidades de acción social de la Iglesia Católica, las más recientes en ser cerradas por el régimen son Cáritas de Matagalpa y de Granada. Cáritas de Nicaragua y Cáritas de León fueron disueltas de forma voluntaria aduciendo «falta de fondos».

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Otra de las ONG que su cierre causó un impacto social en Nicaragua fue Operación Sonrisa, la ONG operaba en el país desde 1994 y benefició con operación de paladar hendido a unas 2,200 personas en sus instalaciones y beneficiado a 5,738 pacientes con cirugías, en colaboración con hospitales públicos.

«Hay una fuerte persecución a la Iglesia católica y evangélica a través de la cancelación de sus asociaciones (…) y se está en espera de la reforma de la Ley de Seguridad Soberana y de la Ley 1115 que anunció la vicedictadora Rosario Murillo la semana pasada y que con esto pasarían de Organismos No Gubernamentales a Organismos Estatales por que al final la decisión de los programas y/o proyectos estarán sujetos al Ministerio del Interior y Cancillería», dice Amaru Ruíz, de Fundación del Río.

Para Liliam Robelo, representante de la Asociación Cívica por la Democracia, la decisión de Ortega de eliminar de un solo golpe a más de 1500 organizaciones de la sociedad civil sigue siendo una estrategia para consolidarse en el poder, lo que busca es eliminar la estructura de la sociedad civil que no esté bajo el control del Estado.

«Las organizaciones desempeñan un roll crítico en la defensa de derechos humanos y fiscalización de la administración pública, esto representa una amenaza potencial para el régimen que ha demostrado que es intolerante a la disidencia y cualquier persona, organización o empresa que este en contra de su gobierno sufrirá consecuencia», dice Robelo.

El cierre masivo ocurre tres días después que la «copresidenta» Murillo anunciara un nuevo modelo de trabajo con los Organismos No Gubernamentales. Dentro del paquete de cierre el gobierno canceló la personería a asociaciones defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.

«La pérdida de estas organizaciones tendrá un impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad, además el cierre masivo afecta negativamente la imagen de Nicaragua a nivel internacional, esperemos que hayan sanciones por la comunidad internacional y un aislamiento diplomático ante este miedo impuesto a las oenegé», dice la opositora.

OACNUDH: Gobierno de Nicaragua impone terror

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó una profunda preocupación por el cierre de 1500 organizaciones en Nicaragua, dentro de ellas unas 700 religiosas. El organismo de la ONU afirma que este acto atenta contra la libertad de religión y la libertad de asociación.

El Alto Comisionado llama al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a garantizar y proteger las libertades fundamentales del país. La ONU afirma que esta ola de terror impuesta a la Iglesia Católica y otras religiones es alarmante. Según la ONU, desde 2018 el gobierno ha decapitado más de 1100 oenegés de carácter religioso.

Además denuncia el cierre de universidades católicas y evangélicas, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), y la detención y expulsión de 42 sacerdotes, así como la expropiación de bienes muebles e inmuebles de organismos de la sociedad civil y opositores al régimen sandinista.