Azahálea Solís estaba descansando en el momento que se enteró de la decisión del régimen de arrebatarle la nacionalidad nicaragüense. Cuenta a Artículo 66, desde el exilio, que ese 15 de febrero de 2023, hace un año, había pasado trabajando toda la mañana.
«De manera indirecta me di cuenta. Lo primero que dije fue: ‘porqué me van a quitar la nacionalidad, qué es ese disparate’. Voy a ser nicaragüense hasta el último día de mi vida», relata vía telefónica desde el exilio.
«Estaba viendo una película cuando me di cuenta de la noticia. En el primer momento no sabía que estaba yo. Recibí una llamada que me decía que estaba yo (en la lista) y que solo yo y Sofía (Montenegro) estábamos en Nicaragua», añadió.
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Solís asegura que las razones de ser víctima de esta represión del régimen es su curriculum de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, de la niñez y la democratización de Nicaragua.
«Tuve que aceptar el destierro, el desplazamiento forzoso a otro país, engrosar la fila de las y los nicaragüenses que vivimos en el exilio. Yo hasta el último momento de ese 15 de febrero de 2023 estaba en Nicaragua y ahora vivo en el exilio», destacó.
La feminista es parte de los adultos mayores a los que también les fue «confiscada» su jubilación a pesar que tener el derecho a recibirla por haber cotizado a la seguridad social. Adicional a ello, Solís salió del país únicamente con la ropa que andaba puesta. En Nicaragua dejó todo: sus libros, su musica, su ropa. Su red de apoyo la ayudó a comprar ropa porque no tenía nada. «Es una salvajada (el destierro) del medioevo», resaltó.
«Somos personas activistas de derechos humanos, hemos sido voceros de la necesidad que haya justicia y democracia en el país. A eso obedece esa saña, en esa lógica de tierra arrasada constantemente», afirmó.
«Ninguna ley puede establecer la legalidad de crímenes»
El arrebato de la nacionalidad de Arturo McFields, periodista y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), debe ser una «pasada de cuentas». El diplomático denunció en plena sesión de los representantes de más de 30 países las violaciones a derechos humanos que cometía el régimen.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, analiza el periodista desde Estados Unidos, que toda persona tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. La dictadura de Nicaragua ha ratificado esta declaración, es decir que «firman algo y no lo cumplen y son derechos esenciales, fundamentales de todo ser humano en todo lugar».
«Ellos pueden aprobar leyes arbitrarias y cometer a su vez crímenes de lesa humanidad. Ninguna ley puede establecer la legalidad de crímenes; es ahí donde ellos entran al terreno de la ilegalidad, de la arbitrariedad y de la violación flagrante de los derechos humanos», manifestó.
McFields advierte que no tener una nacionalidad te dificulta muchas cosas, sobre todo los papeles de identidad y los trámites comunes. «Afortunadamente hemos logrado la nacionalidad española, que eso ha sido algo extraordinario, y hemos comenzado a reconstruir nuestras vidas con ese pasaporte, con esa documentación tan importante», destacó.
«Nadie te va a devolver 24 años de trabajo, 24 años de cotización al seguro (social). Nadie te los va a devolver. Ese es otro de los crímenes de la dictadura, los derechos laborales, de la seguridad social que son tan fundamentales y es un robo porque son tuyos, te los has ganado a lo largo de tu vida en los diversos trabajos que has tenido dentro del Gobierno, fuera del Gobierno, en cualquier actividad que has realizado en tu vida», añadió.
«No han logrado confiscar la esperanza»
El exembajador rebelde señala que son crímenes de odio los que comete la dictadura de Ortega y Murillo. Dice que una cosa es que se establezca una sanción correctiva, para castigar en el marco de la ley, pero que lo pareja dictatorial comete en Nicaragua son «crímenes de odio, de lesa humanidad; porque arrebatarle la nacionalidad a alguien que no se la has dado, (que la adquirió) porque nació ahí y sus padres son nicaragüenses, es un crimen extraordinario».
A pesar de todas las acciones represivas de la dictadura, afirma McFields, Ortega y Murillo «no han logrado matar, confiscar la esperanza, arrebatar el deseo de una patria en libertad. La confianza, la seguridad, la convicción de que nosotros regresaremos a Nicaragua y ellos se tendrán que ir».
Robo de la nacionalidad «no nos va a detener»
Dulce Porras, opositora originaria del departamento de Carazo y exiliada en Costa Rica, recibió la noticia del arrebato de su nacionalidad con desconcierto. Atribuye que esta acción en su contra se da por ser opositora y no estar de acuerdo con los atropellos que la dictadura comete contra la población.
Ser opositora, menciona Porras, no es un delito para que el régimen le haya arrebatado su nacionalidad. «Soy nicaragüense pase lo que pase», dijo con orgullo desde su exilio en Costa Rica.
Reconoce que la desnacionalización le ha afectado porque su identidad fue borrada del Registro Civil de las Personas y que sus hijos ahora solo están inscritos por su papá; que eso «provoca problemas legales» porque su identidad fue eliminada de todo documento.
«Afecta a toda la familia y tenés problemas en el país donde vivís. Ortega nos tiró a los lobos, nos dejó sin nacionalidad. Nosotros no aplicamos para diversos programas por nuestra nacionalidad española. Fue un gran apoyo que nos dio el Gobierno español. Somos más de 100 ya nacionalizados españoles», detalló.
La opositora caraceña indicó que en este exilio y apatridia impuesta ha encontrado «manos amigas ante la adversidad y la barbarie» de los Ortega Murillo. «Considero que Ortega y Murillo se han ensañado contra determinado grupo de opositores. Tienen saña contra nosotros, nuestros familiares, somos perseguidos», adujo.
«Ellos están enviando un mensaje, no solo a los desnacionalizados, a todos lo que levanten su voz contra Ortega, pero no nos va a callar. Vamos a seguir demandando libertad y justicia para el pueblo de Nicaragua, la salida de Daniel Ortega. Eso no nos va a detener», concluyó.
«Traidores a la patria»
El 15 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atropelló los derechos humanos de sus opositores de una manera que solo tenía precedentes en otras dictaduras del mundo del siglo pasado, como la de Augusto Pinochet, en Chile, o del fascismo de Hitler, de la Alemania nazi. Ese día, el binomio presidencial ordenó la desnacionalización de 94 nicaragüenses.
Además de desaparecer de todo registro legal en el país, los nicas perdieron sus bienes y cualquier forma de pensión del seguro social. A pesar de ello, un año después de esa decisión arbitraria, los que aquel día fueron llamados «traidores de la patria» declararon sentirse «más nicaragüenses que nunca».
El despojo de la nacionalidad a los ciudadanos nicaragüenses representa la violación de 11 derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los afectados, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La OACNUDH ha documentado que las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones de los jubilados.