El Ministerio Mountain Gateway, que funcionaba en Nicaragua como Puerta de la Montaña, difundió un comunicado para brindar actualizaciones sobre sus miembros arrestados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Del mismo modo, el organismo religioso reiteró que sus delegados son «inocentes» y aseguró que su funcionamiento en el país se regía bajo las «políticas legales del gobierno».
De acuerdo con el informe, la oenegé conoció que la Fiscalía General de Nicaragua «está avanzando en la presentación de cargos contra tres ciudadanos originarios de Estados Unidos», que están asociados con Jon Britton Hancock, Jacob Britton Hancock, Cassandra Mae Hancock y 11 pastores nicaragüenses de Puerta de la Montaña.
Ante las acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado, hechas por la dictadura orteguista, la agrupación evangélica negó públicamente estos delitos y destacó que «está entristecida por esta situación». El informe asegura que Puerta de la Montaña «ha seguido diligentemente todos los requisitos legales en los EE. UU. y Nicaragua, que se aplican a las organizaciones sin ánimo de lucro y basadas en la fe».
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El comunicado resalta que el organismo «tiene documentación que demuestra que el gobierno nicaragüense vio y aprobó todos los fondos que ingresaron al país. La organización operó bajo la supervisión del gobierno para garantizar que todos los fondos se utilizaran y administraran adecuadamente».
El grupo evangélico relató que en 2023 realizó «ocho campañas evangelísticas masivas en el país, con el apoyo y la asistencia del gobierno nicaragüense» y que, además, operaron «fiscalmente bajo una estricta contabilidad por parte del personal de Puerta de la Montaña y con revisiones presupuestarias por parte del gobierno nicaragüense para contabilizar cada dólar asociado a los eventos».
Igualmente, desde 2013, Puerta de la Montaña «ha servido a los ciudadanos de Nicaragua a través del discipulado, la plantación de iglesias, alimentando y vistiendo a los necesitados. También han proporcionado alimentos, agua, equipos y asistencia para la recuperación durante los desastres naturales, compartiendo el evangelio de Jesucristo en campañas evangelísticas masivas».
«La motivación de Puerta de la Montaña era únicamente compartir el amor y la esperanza de Jesucristo con el pueblo de Nicaragua», dice el comunicado. El organismo afirma que «ningún miembro del grupo religioso se ha beneficiado personalmente de los fondos enviados a Nicaragua para las funciones del ministerio».
Puerta de la Montaña «desconoce» qué sucede
El informe, publicado en el sitio web oficial de la oenegé, resalta que contrataron «asesoría legal nicaragüense y ellos, junto con su equipo, aseguran constantemente a Puerta de la Montaña que confíe en el proceso judicial, ya que estos son procedimientos normales para una investigación de esta naturaleza».
«Los pastores estadounidenses de Puerta de la Montaña no tienen nada que ocultar y han solicitado que se les nombre un abogado que los represente en este proceso legal», destaca el comunicado. De igual manera, el Ministerio religioso afirmó que «no entiende por qué está sucediendo esto en un país que ama profundamente y ha trabajado con firmeza para cumplir con las regulaciones y leyes del gobierno».
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«Aunque el abogado y el equipo legal nos aconsejan que confiemos en el sistema legal, Puerta de la Montaña tiene dudas. Parece que esto podría tener más motivaciones políticas que legales», acusa el escrito.
Nueve pastores encarcelados
De igual manera, Puerta de la Montaña denunció la detención arbitraria de nueve de sus pastores evangélicos, que responden a los nombres de: Sergio Hernández Jirón, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel de Jesús Ríos Flores, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano y César Facundo Burgalin Miranda.
En el último comunicado de prensa, la dictadura dice que estos pastores son inocentes, pero afirma que estaban bajo el control y la dirección de Britton Hancock y Mae Hancock, así como la de los nicaragüenses Walner Omier Blandón Ochoa y Maricela de Fátima Mejía Ruiz.
«El gobierno ha fijado una fecha de audiencia penal para estos mismos pastores el 26 de enero de 2024, pero llevan más de un mes encarcelados sin representación legal ni contacto con sus familias», manifestó la oenegé.
Puerta de la Montaña expuso que aunque el régimen permitió que un abogado sea designado para representar a los pastores presos, «no le proporcionó a su asesor legal los documentos de acusación o cualquier archivo para preparar una defensa».
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El comunicado detalla que el organismo «siempre se ha esforzado por ser respetuoso con el gobierno nicaragüense y ha operado bajo sus políticas legales. Estas acusaciones se basan en información errónea, y Puerta de la Montaña hará todo lo que esté en su mano para resolver esto por la vía diplomática».
El organismo enfatizó que en los últimos cinco años, «Nicaragua ha revocado el registro de cientos de organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro y, más recientemente, ha expulsado a numerosos miembros de la Iglesia católica y confiscado propiedades eclesiásticas». Puerta de la Montaña lamentó que, en estos casos, «el gobierno suele incluir la acusación de blanqueo de dinero u otros cargos financieros como motivo de la revocación».