La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), compartió la «Resolución sobre derecho a la nacionalidad y prevención de apatridia».
La CIDH comentó en un comunicado de prensa publicado este 13 de diciembre del 2023 que «esta resolución se hizo con el fin de orientar a los Estados, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros actores relevantes a cumplir las obligaciones internacionales en esta materia».
Ambas organizaciones detallan que los Estados «deben de respetar los derechos humanos, la protección de la niñez y la adolescencia que está en un proceso de movilización, la no discriminación, proteger las necesidades especiales de la población que está en un proceso migratorio y asegurar la libertad de religión, de expresión y de creencias».
La CIDH y ACNUR incorporaron en esta resolución los principios generales para proteger estos derechos, también comentaron sobre «las modalidades para adquisición y pérdida de la nacionalidad, y las obligaciones respecto a la prohibición de la privación arbitraria de la ciudadanía».
A su vez, los organismos destacan las garantías de los procedimientos correspondientes relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad y la prevención, reducción y erradicación de la apatridia. Uno de los propósitos de las organizaciones al escribir este documento fue «alentar a los Estados a adherirse a los tratados internacionales en la materia».
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Los organismos destacaron que el documento es complementario con la «Resolución No. 04/19 de la CIDH que contiene los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas».
La CIDH consideró que «la Resolución es el resultado del trabajo de los últimos años, en los que se observó con preocupación distintos desafíos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad». El organismo destacó en particular «la adopción de resoluciones judiciales que afectaron al derecho a la nacionalidad de manera retroactiva, así como la ejecución de procedimientos de privación arbitraria de nacionalidad que no aseguran las garantías del debido proceso».
Las organizaciones también identifican «distintos casos de denegación de retorno de personas a su país de nacionalidad», es decir, personas exiliadas, y advirtió sobre los «desafíos en contextos migratorios y de desplazamiento forzado». A su vez, la CIDH mencionó que «las dificultades para acceder a un estatus migratorio regular y a documentos de identificación que acrediten la nacionalidad aumentan el riesgo de apatridia a lo largo del continente americano, sobre todo para niños y niñas nacidos en medio de la movilización humanitaria».
Finalmente, la organización consideró que «la existencia de leyes discriminatorias entre hombres y mujeres en cuanto a la forma de conferir la nacionalidad también es una causa de la apatridia».
La apatridia causada por el régimen orteguista
Entre el nueve y el 16 de febrero, el régimen de Ortega y Murillo declaró «traidores a la patria» a 317 personas, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y 94 fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también ordenó la confiscación de sus bienes.
Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen, una reforma que fue aplicada inmediatamente aunque solo fue aprobada en una legislatura y no esperaron a que se diera una segunda votación, tal y como establece la Constitución vigente en Nicaragua.
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Los más de 300 nicaragüenses declarados apátridas habrían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
La CIDH, el 10 de marzo del 2023, realizó una audiencia especial sobre cómo el régimen arrebató su nacionalidad a múltiples nicaragüenses que mostraron su descontento con el régimen y escucharon distintos testimonios sobre su destierro y las consecuencias de su estatus como apátridas.
Por otro lado, más de 110 migrantes nicaragüenses murieron desde enero hasta octubre del 2023, en su mayoría, en Estados Unidos. A su vez, en el camino al «sueño americano» distintos migrantes desaparecieron o fueron secuestrados.