Previo al último financiamiento que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la Policía orteguista, el pasado seis de mayo, en el proceso de “adquisición de medios de transporte para fortalecimiento de capacidades operativas de la policía”, la entidad bancaria había desembolsado al régimen de Daniel Ortega al menos 400 millones de dólares desde que comenzó la crisis social el 18 de abril del 2018.
“Es lamentable que una organización diseñada para promover el desarrollo económico, la reducción de pobreza, la integración centroamericana, se preste a financiar a una organización que está sindicada como criminal, que ha cometido crímenes contra la ciudadanía y eso está demostrado”, dijo a El Nuevo Diario, Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica.
Según datos publicados por la página web del Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE) el primer financiamiento que realizó el BCIE a la dictadura fue de 176.7 millones de dólares que se ha usado para el mejoramiento y ampliación de carreteras y un segundo préstamo de 25.3 millones de dólares para rehabilitar y construir la infraestructura de los aeropuertos de la Costa Caribe sur.
Según la convocatoria a licitación pública de la Policía orteguista, el BCIE otorgó un último prestamo a esta institución para comprar de 17 microbuses estilo panel, dos microbuses de 30 pasajeros y 1 microbus de 25 pasajeros, así como cuatro lanchas con motor.
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“En la misma mesa de negociación lo dije, es un error financiar a la Policía, es una organización que ha reprimido y sigue reprimiendo a la población nicaragüense”, dijo Juan Sebastián Chamorro.
Chamorro indicó que en los mismos documentos estándares de las licitaciones públicas del BCIE, contienen algunas prácticas prohibidas. “El documento contiene prácticas coercitivas, de tal manera que considero que es bastante puntual porque al ser la policía una entidad coercitiva no debería de ser beneficiada con estos fondos”, aseguro el negociador de la Alianza Cívica.
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Daniel Ortega enfrenta una serie de trabas par acceder a préstamos de instituciones financieras multilaterales, como consecuencia de las presiones de Estados Unidos y otros países, por la represión desatada después del 18 de abril del 2018 y los asesinatos de más de 325 nicaragüenses, que han sido tificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el BCIE continúa realizando financiamiento una serie de licitaciones para mejorar los proyectos de la Policía, cuyo jefe, Francisco Díaz, está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.
Róger Arteaga, exfuncionario del BCIE (1981-2001) opinó que este tipo de iniciativas surten efecto porque “llaman la atención, para que los mismos gobernadores del BCIE y los cancilleres de los países que también conforman la OEA, (y que) no han instruido a sus representantes en el BCIE, lo hagan”.
Arteaga, evaluó como “una falta de coherencia de los países que en la Organización de Estados Americanos (OEA) votan sancionando a Nicaragua y en el BCIE votan financiando proyectos” a la dictadura de Daniel Ortega.