Unidad de Presos Políticos repudia cantaleta oficial del «golpe de Estado» y exige cumplir con los acuerdos firmados

La llamada Unidad de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), que aglutina a excarcelados que fueron enviados al régimen casa por cárcel, después de permanecer por varios meses encerrados en los penitenciarios de «La Modelo» y «La Esperanza», repudiaron «las infructíferas e incoherentes palabras» del régimen orteguista para descalificar a los manifestantes que protestaron contra la dictadura.

«Es un hecho que en Nicaragua no hubo un intento de golpe de Estado, al contrario fuimos víctimas de una represión desmedida y de un terrorismo de Estado que nos ha coartado nuestro derecho a la manifestación pacífica, a la libertad y a la justicia», expusieron los reos en la misiva.

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Los presos políticos citaron el párrafo del acuerdo entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica, en el que el gobierno acepta que liberará y limpiará los expedientes judiciales a los presos políticos, en un máximo de 90 días , sin que hasta ahora cumpla.

«Exigimos que se cumplan los acuerdos y se muestren avances. Consideramos que la Alianza Cívica debe mantenerse firme en la exigencia del pueblo por liberación absoluta y justicia y que no se debe seguir la negociación hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos ya conocidos», demandaron los presos políticos.

Que sigan las sanciones

El movimiento de reos de la dictadura también pidió a la comunidad internacional que mantenga la presión contra Ortega y su camarilla, mediante la imposición de sanciones, que el tirano ha demostrado que le duelen. 

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«Instamos a la comunidad internacional a comprometerse con los derechos humanos, la justicia integral y la democracia. Su compromiso será visible mediante las sanciones individuales necesarias para los funcionarios públicos, incluyendo el Ejército Nacional y para todos aquellos vinculados a los crímenes de la dictadura, incluyendo los de lesa humanidad».

En los últimos meses, la dictadura orteguista ha cambiado el régimen carcelario a 236 presos políticos, pero mantiene la amenaza de volver a encerrarlos, los dejó en incertidumbre jurídica y persiste el asedio policial y de paramilitares contra los presidiarios y sus familias.

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