Tras el anuncio de la ejecución de los próximos censos poblacional, de vivienda y agropecuario en Nicaragua; líderes opositores consideran que llevar a cabo esta actividad «bajo un régimen autoritario», como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, podría generar beneficios para los ciudadanos, pero también podría acarrear consecuencias para aquellos que no estén alineados con la dictadura.
En entrevista para Artículo 66, el sociólogo y opositor Douglas Castro Quezada destacó que los censos poblacionales les permiten a los regímenes autoritarios «controlar a la población al obtener información detallada sobre su tamaño, ubicación y demografía».
En ese sentido, Castro Quezada señaló que la implementación de estos censos en Nicaragua le permitirá a la dictadura orteguista «vigilar, reprimir o dirigir propaganda a grupos específicos».
Noticia relacionada: Ortega oficializa la ejecución de censos poblacional, de vivienda y agropecuario para 2024
«Ciertos grupos, como minorías religiosas o disidentes políticos, pueden ser discriminados utilizando datos del censo. En síntesis, aunque los censos pueden mejorar la eficacia del gobierno, en regímenes autoritarios, también pueden aumentar la vigilancia y la represión, lo que puede llevar a la discriminación y el descontento público», apuntó.
El sociólogo también afirmó que la realización de un censo bajo el contexto que prevalece en Nicaragua «presenta tanto ventajas potenciales como desventajas inherentes».
Además, subrayó que con la implementación de los tres censos en el país se «pueden asignar recursos en áreas como educación y salud de manera eficiente y planificar a futuro en términos de desarrollo económico e infraestructura al conocer las necesidades de la población».
18 años sin actualización
Por su parte, el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro resaltó que la ejecución de los censos poblacional, de vivienda y agropecuario es una responsabilidad inherente de cualquier gobierno, sin embargo, indicó que desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, no ha realizado ningún censo.
El último censo fue llevado a cabo en 2005 durante la gestión de Enrique Bolaños, y según la Ley de Nicaragua y los estándares internacionales, los censos se tienen que realizar cada 10 años.
«Desde 2005, no hay censo poblacional y esto definitivamente es anómalo, de tal manera que hay que hacerlo independientemente de quien esté en el poder», sostuvo Chamorro.
Asimismo, puntualizó que «hay que tomar en cuenta, que todo lo que hace Ortega lo hace con una doble intención, maligna generalmente la causa».
Agregó que «detrás de esto (los censos), debe de haber un interés de tener más control sobre cada una de las personas que viven en todo el país, más control político, tener fichado a donde están los opositores y todo eso».
Según la administración orteguista, el IX Censo de Población, el V Censo de Vivienda y el V Censo Agropecuario están programados para llevarse a cabo en 2024. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) es quien estará al frente de esta actividad.