Brasil ofrece nacionalidad a nicaragüenses declarados apátridas por Ortega

Durante la intervención del embajador permanente de Brasil ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tovar da Silva Nunes, informó que el país sudamericano se dispone a ofrecer la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses expatriados, y la disposición de apoyar un diálogo como una manera constructiva de resolver la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua.

«El gobierno brasileño sigue con gran preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en dicho país, en particular ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y tortura a disidentes políticos», refirió el representante de Brasil luego del informe presentado por el grupo de expertos de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

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Además, hizo referencia al despojo de la nacionalidad de 317 nicaragüenses y afirmó que su país «está dispuesto a explorar la manera en que esta situación podría tratarse de manera constructiva en un diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores pertinentes. El gobierno de Brasil también recibió con profunda preocupación la decisión de las autoridades nicaragüense de privar de su nacionalidad a más de trescientos nicaragüenses».

«Reafirmando su compromiso humanitario con la protección de los apátridas y la reducción de la apatridia, el gobierno brasileño se pone a disposición para acoger a los afectados, bajo estatuto especial previsto en nuestra ley de migración», finalizó da Silva.

Brasil se suma a los ofrecimientos de España, Chile, México, Ecuador, Colombia, Argentina y Panamá que han denunciado al régimen de Daniel Ortega, así como el ofrecimiento de su nacionalidad a los 222 nicaragüenses excarcelados políticos y 94 ciudadanos más declarados apátridas en febrero.

Entre el nueve y el 15 de febrero, el régimen de Ortega y Murillo declaró «traidores a la patria» a un total de 317 personas, incluido el obispo Rolando Álvarez, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y el resto fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también ordenó la confiscación de sus bienes.

Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen. Ante esta aberración jurídica, la administración de Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, hizo un «llamado al Gobierno nicaragüense a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad, como derecho consagrado en la legislación de todos nuestros países».