El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que su país ofrece la nacionalidad a los ciudadanos que han sido declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En total son 317 opositores que fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense por parte de la justicia al servicio del matrimonio presidencial.
«Panamá, como país parte de las Convenciones contra la Apatridia, considerará todas las solicitudes que se hagan a nuestro país en el marco de estos instrumentos jurídicos», detalló en un comunicado la administración de Laurentino Cortizo.
Asimismo, destacó que «el compromiso de la humanidad con la obligación de superar la condición de apatridia nos convoca a todos».
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Además, el gobierno panameño fijó su posición sobre la situación en Nicaragua. «Fiel a los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Convenciones en materia de Apatridia, Panamá hace expresa su preocupación por las recientes acciones del Gobierno de Nicaragua en materia de derechos humanos y con ello, la compleja situación de sus ciudadanos», indicó.
«Panamá confía en que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua en asuntos inherentes a ciudadanía, expatriación y nacionalidad, que han afectado las vidas de más de 300 nicaragüenses, puedan resolverse de manera sostenible con la anulación de dichas medidas, a favor de resguardar los derechos de este grupo de personas», puntualizó.
La iniciativa de Panamá se une a las ya anunciadas por los gobiernos de España, Argentina, Chile, México y Ecuador que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses declarados apátridas.
Entre el nueve y el 15 de febrero, el régimen de Ortega y Murillo declaró «traidores a la patria» a 317 personas, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y 94 fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también ordenó la confiscación de sus bienes.
Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen. Ante esta aberración jurídica, la administración de Laurentino Cortizo hizo un «llamado al Gobierno nicaragüense a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad, como derecho consagrado en la legislación de todos nuestros países».