Nicaragua es el segundo país más corrupto de Latinoamérica, afirman informes internacionales que miden el Índice de Percepción de Corrupción en la región. Pero este flagelo no solo se limita al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; sino que se ha implantado en los gobiernos municipales desde el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a la Presidencia de la República, concluye el estudio «Situación de la transparencia municipal en Nicaragua» elaborado por el observatorio independiente Urnas Abiertas.
Un análisis de datos de la organización explica que la corrupción en el país está en los niveles históricos más altos ante la escasa e insuficiente información disponible sobre las finanzas del gobierno central y municipal. Entre 2015 y 2020 se encontraron responsabilidades en funcionarios de 71 alcaldías con un perjuicio económico de casi 1 millón 500 mil dólares.
El Índice Transparencia y Rendición de Cuentas de los municipios en Nicaragua, creado por Urnas Abiertas, asciende a 28.75 de una puntuación máxima de 100. Esto ubica a las alcaldías del país con «poca transparencia en la rendición de cuentas». Las cabeceras departamentales menos transparentes son Bluefields (18), Puerto Cabezas (18), Rivas (21) y San Carlos (21).
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«El Índice de Transparencia en las 14 de las 17 cabeceras municipales, con excepción de Boaco, Jinotega y Managua, todos los municipios están por debajo del nivel del Índice de Transparencia Municipal General lo que indican que presentan poca o casi nada de información para la transparencia municipal», destaca el documento.
«El gobierno del FSLN se ha caracterizado por ser reacio a la rendición de cuentas, a la transparencia en su gestión pública y desde el inicio de su mandato se empezó a percibir el cierre de los espacios de auditoría social. Se fueron cerrando poco a poco las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), quedando solamente algunas como las del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco Central de Nicaragua, entre otras», revela Urnas Abiertas.
Escasa supervisión de la CGR a las alcaldías
El informe detalla que la Contraloría General de la República (CGR) ejerce un trabajo de supervisión que no es suficiente porque de 2011 a 2020 la institución auditó anualmente al 58 % de las alcaldías del país.
«Según la información reportada por los informes de gestión de la CGR, entre 2015 y 2020, se encontraron responsabilidades en funcionarios de 71 Alcaldías. En estas se dieron “responsabilidad administrativa” a 319 trabajadores municipales, mientras que 237 dieron “responsabilidad civil”, y 49 fueron señalados con “presunción penal’’», apunta.
«Para esta investigación, se hizo una búsqueda en el sitio web de la CGR de todas las resoluciones que implicaban presunción de responsabilidad penal, según los informes de gestión de esta institución, logrando encontrar 21 de las 29 resoluciones. De los 21 casos encontrados, en 10 hubo perjuicio económico por más de un millón de córdobas», añade.
De los 21 casos con presunción de responsabilidad penal, 14 de ellos implican a los alcaldes que ejercían su función en el período auditado. Hubo 10 casos con cifras millonarias (más de un millón de córdobas) en perjuicio económico. El análisis logró constatar que, en la mayoría de hechos reportados, estas resoluciones no siguieron el curso establecido de las investigaciones y fue desvanecido.
«La CGR realiza acciones de menor impacto que no resuelven ni de manera estructural ni coyuntural el estado precario de la transparencia municipal. La CGR no está auditando a las municipalidades en tiempos óptimos, lo que no permite detectar actos de corrupción de los funcionarios en funciones, sino hasta que estos han dejado sus cargos… las auditorías se limitan a revisiones financieras, mientras que la ciudadanía no tiene mecanismos de denuncias para que la corrupción local sea prevenida, investigada y sancionada», explica.
Urnas Abiertas recopiló datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contraloría General de la República, y sitios web de alcaldías para presentar un índice de la transparencia y rendición de cuentas de los municipios en el país. Analizaron información sobre los presupuestos y contrataciones municipales, auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) y participación de la ciudadanía en cabildos municipales.