La organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció, mediante un comunicado, que el «juicio colectivo» realizado contra siete opositores encarcelados solo evidencia «una burla que ilustra la parodia de la justicia» en Nicaragua. Piden que los estados miembros de las Naciones Unidas envíen un mensaje contundente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El juicio constituye una burla a la justicia: se trata de un juicio colectivo, sin garantías de debido proceso, en el cual los detenidos son procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y en el que todos recibieron condenas exprés, a pesar de que las acciones que supuestamente justifican los cargos reflejan el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión», destaca el documento de la organización defensora de derechos humanos.
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A finales de enero, el Ministerio Público anunció que se reanudarían los juicios contra los detenidos, a quienes llamó «criminales y delincuentes». Los procesos judiciales se encontraban suspendidos desde octubre de 2021, sin motivos claros.
Desde el primero de febrero, el régimen ha declarado culpables al menos a 14 personas mediante procesos penales que «se han llevado a cabo sin garantías básicas de debido proceso».
HRW denuncia que todos los juicios contra los dirigentes opositores y voces críticas, encarcelados en periodo electoral, se han realizado «a puertas cerradas en la cárcel “El Chipote” y no en juzgados públicos como lo exige el derecho nicaragüense. Los juicios se realizaron en horas y concluyeron con duras penas de varios años de prisión».
A su vez, indica que los fiscales han justificado cargos graves contra los detenidos apoyándose exclusivamente en señalamientos de que los acusados habían dado entrevistas a medios de comunicación, compartido mensajes de WhatsApp, participado en reuniones o firmado cartas en las cuales pedían elecciones libres, exigían la condena internacional de los abusos que comete el gobierno o expresaban su apoyo a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Este 16 de febrero continúa el juicio colectivo en contra de los aspirantes presidenciales de la oposición Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, y los opositores José Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Tamara Dávila. Este miércoles también inicia el juicio contra el exdiplomático Mauricio Díaz.
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«Muchos detenidos estuvieron incomunicados durante semanas o meses en El Chipote, y en algunos casos, en aislamiento prolongado. En los casos en que se permitieron visitas, los familiares describieron condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios constantes y alimentos insuficientes. El 12 de febrero murió en detención Hugo Torres, quien había sido detenido arbitrariamente a comienzos de junio y había sido acusado de “traición a la patria”», destaca Human Rights Watch.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe enviar mensaje contundente
HRW resalta que los juicios políticos «se suman al extenso récord de graves abusos cometidos por el Presidente Ortega», por tanto, instan a los estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) abordar la situación en el 49.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 28 de febrero en Ginebra.
«Es una oportunidad para enviarle al gobierno de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo un mensaje contundente de que estas violaciones de derechos humanos no serán toleradas», declara.
Además piden a los gobiernos del mundo adoptar una firme resolución sobre Nicaragua exigiendo la liberación de todas las personas detenidas y procesadas arbitrariamente y el establecimiento de un mecanismo independiente para investigar los abusos.
«Dada la falta de independencia judicial de los tribunales nicaragüenses, la creación de un mecanismo de estas características permitiría que las víctimas sean escuchadas por un órgano independiente y abriría la puerta para que los responsables rindan cuentas por sus actos», concluye HRW.