El secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, reaccionó a la cancelación de la personería jurídica que la Asamblea Nacional realizó este martes, en contra de esa organización que actualmente trabaja desde el exilio en Costa Rica.
En entrevista con Artículo 66, Leiva aseguró que la ilegalización de la Anpdh «no es más que el resultado que hemos venido realizando en favor de las víctimas de violación a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción».
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El defensor agregó que la acción ejecutada por parte del régimen de Nicaragua no es más que «un reconocimiento» en la defensa de los derechos humanos. «Realmente no nos toma por sorpresa esta decisión arbitraria e ilegal por parte de una dictadura que no tiene ninguna tolerancia frente a las organizaciones que estamos comprometidas con los derechos fundamentales de los nicaragüenses», señaló Leiva.
El defensor, quien está exiliado en Costa Rica desde el 2018, debido a la criminalización que el régimen ha hecho al trabajo que realiza, afirmó que la Anpdh va a mantenerse “inclaudicable en la defensa de los derechos humanos”.
«La Anpdh no depende de lo que una criminal y mediocre dictadura arbitrariamente decida en su papel autoritario de accionar, como es el caso de haber cancelado la personería jurídica de esta organización junto con otras —organizaciones— de la sociedad civil», sostuvo el defensor.
En cuanto a la justificación de la Asamblea al aducir que la Anpdh está “acéfala”, Leiva indicó que ese argumento es equivocado porque «el derecho de asociación es un derecho universal, un derecho humano que nos tutela a todos los defensores de derechos y a todos los seres humanos».
«En Costa Rica gozamos de una personería jurídica debidamente registrada para seguir trabajando en pro de los derechos humanos de los nicaragüenses. Si la dictadura creía que con esta acción nos iba a sacar de la posibilidad de seguir trabajando, está totalmente equivocada, porque ellos —el régimen de Daniel Ortega— esta trabajando según su ilegítima legalidad», apuntó el secretario ejecutivo de la Anpdh.
«Ortega se sostiene únicamente por los cañones de las armas»
En un reciente comunicado por parte de la Anpdh, Álvaro Leiva aseveró que que el funcionamiento y la operatividad de la organización que dirige no dependen de «su caprichosa voluntad —de Ortega—, mucho menos de su ilegítima e ilegal autoridad, sostenida únicamente por los cañones de las armas y el terror desatado entre la población que les repudia, así como mediante la corrupción generalizada».
«Hace muchos años que el régimen de Ortega, compartido ilegalmente con su mujer, para encubrir un delito de violación, perdió toda credibilidad, legitimidad y legalidad (…) Ortega no tiene la capacidad legal ni moral para estar al frente de los destinos de nuestra patria. Su poder espurio descansa en la represión y el terror, en la corrupción y la ambición desmedida de sus cómplices», denunció.
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Otro de los señalamientos que hizo el funcionario de la Anpdh, es que esta organización debe su existencia «a la justa causa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por esta infame dictadura».
«Nuestro organismo seguirá vivo en el clamor de justicia de miles de nicaragüenses quienes se encuentran prisioneros bajo condiciones de tortura y aislamiento; en los miles y miles que se han visto obligados al exilio para salvar sus vidas; en el dolor de las miles de familias que han sufrido el asesinato de sus hijos, hermanos, padres, y de otros familiares y amigos», argumentó.
Leiva exhortó al pueblo nicaragüense a no perder la esperanza de seguir resistiendo para socavar y llevar a un punto de quiebre al régimen Ortega para que pague por sus crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos y en contra los defensores de derechos humanos. «Hay que estar claro que la Anpdh y todos los defensores de derechos humanos estamos solidarios con la gente en resistencia en Nicaragua…».
Ortega «descabezó» a otra cinco organizaciones
Además de la Anpdh, el régimen de Nicaragua ordenó a la Asamblea Nacional, cancelar las personalidades jurídica de otras organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la defensa y protección de las mujeres y niños en estados vulnerables.
Las otras organizaciones ilegalizadas son el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), PEN Nicaragua, presidida por la poetisa Gioconda Belli, Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
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La orden de Ortega se aprobó este martes con 75 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y cinco presentes. Según el decreto se procederá a cancelar las personalidades de la organizaciones en un plazo no menor de 72 horas, luego de poner en conocimiento a sus representante legales para que procedan a la entrega de los libros de ley, el sello de las asociaciones y demás documentos que pudiera requerir la autoridad.
El Artículo 2 del decreto, sobre Destino de Bienes y Acciones, establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
Hasta la fecha los diputados de la Asamblea Nacional han cancelado la personería jurídica a unas 93 oenegés. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició la cacería contra organizaciones civiles desde el 2018, año de la revolución cívica en Nicaragua.