El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, está preparando la cancelación de las personerías jurídica de seis asociaciones civiles sin fines de lucro, la mayoría de ellas vinculadas a la defensa y protección de las mujeres, niños y los derechos humanos. La primera secretaría del parlamento recibió la iniciativa este viernes, según se lee en el documento que tuvo acceso Artículo 66.
Las nuevas organizaciones que el régimen despojará de su personalidad jurídica están el Movimientos de Mujeres María Elena Cuadra, representada legalmente por Sandra Ramos, PEN Nicaragua, presidida por la poetiza Gioconda Belli, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
De acuerdo al documento, entre la exposición de motivos del decreto enviado por el diputado Filiberto Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, estas organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley.
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Además, el Ministerio de Gobernación argumentó que las juntas directivas de estas organizaciones se encuentran “acéfalas” y no han reportado donaciones previas procedentes del exterior, “lo que ha obstaculizado el control y vigilancia por parte del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro”.
En el caso de PEN Nicaragua, esta organización decidió suspender sus actividades en febrero de 2021 debido a la controvertida ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el régimen, en la que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior. “Hemos informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender nuestra afiliación”, anunció en ese momento Gioconda Belli, que preside PEN Nicaragua, cuyo organismo llevaba 21 años funcionando en el país.
Este decreto llega a pocas semanas de que el régimen de Daniel Ortega también ilegalizara a varias organizaciones civiles y universidades privadas, las cuales pasaron a ser estatales y controladas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Estado podría adueñarse de los bienes
El documento detalla a tal efecto de la cancelación, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas seis asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas, “poniendo en conocimiento al representante legal de cada uno o quien haga funciones de tal que procedan a la entrega de los libros de ley, sello de las respectivas asociaciones y demás documentos que podría requerir la autoridad”.
Agrega que el Artículo 2 del Destino de Bienes y acciones, establece que “los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia”.
El régimen de Daniel Ortega inició la cacería contra organizaciones civiles desde el 2018 y hasta la fecha los diputados de la Asamblea Nacional han cancelado la personería jurídica a unas 87 oenegés.