Régimen declara culpables a siete presos políticos. Manejaban una «red para destruir al Gobierno», según la Fiscalía

Después de siete maratónicos juicios, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de Poder Judicial, declaró culpables por «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional» a tres aspirantes presidenciales y cuatro líderes opositores. El veredicto fue dictado por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno.

Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga son los tres aspirantes presidenciales encontrados culpables este miércoles, 23 de febrero. Los otros reos de conciencia que también fueron incluidos en la misma causa penal son la activista Tamara Dávila y Violeta Granera, el exdiputado José Pallais y el empresario José Adán Aguerri.

El maratónico juicio se llevó a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote». En el debate de pena la Fiscalía pidió 13 años de cárcel para Chamorro, Maradiaga, Pallais Arana y Aguerri; nueve para Arturo Cruz; y ocho años para las activistas Violeta Granera Padilla y Tamara Dávila. La lectura de condena fue programada para el 3 de marzo.

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Las pruebas que presentó la Fiscalía se basaron en mensajes de WhatsApp entre los presos políticos, actas de allanamientos y artículos incautados a los detenidos en sus viviendas como celulares, memorias USB, computadoras y otros objetos personales. 

Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, dijo a Artículo 66 que el proceso contra su cónyuge es una «farsa judicial». «Lo que estamos viviendo es una farsa judicial y es la continuidad de los ocho meses de un proceso ilegal», enfatizó.

🚨ÚLTIMA HORA| Régimen Ortega Murillo les declara culpable por delitos que no han cometido #SonInocentes #LibertadParaTodasLasPresasYLosPresosPoliticos #SonJuiciosNulos @CIDH #MESENI @OACNUDH pic.twitter.com/BRtgg7HJOO

— Cenidh (@cenidh) February 24, 2022

Tras conocer el fallo del Poder Judicial, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) manifestó que este y todos los juicios montados por la dictadura desde el primero de febrero están «plagados de irregularidades y violaciones a los derechos y garantías del debido proceso legal».

La organización opositora asimismo enfatizó que en total el régimen de Ortega realizó siete audiencias a puertas cerradas contra los siete opositores que pertenecían al grupo de WhatsApp y afirmó que cada una ha tenido una duración de más de 10 horas. «Un juicio que se prolongó por siete días como una forma de incrementar el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares», denunció.

Las supuestas «pruebas» de la Fiscalía

En el mismo juicio contra los siete opositores también fue condenado en ausencia el investigador nicaragüense Manuel Orozco, quien actualmente reside en los Estados Unidos. De acuerdo a la Fiscalía, desde el 2009 Orozco se «encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales han venido manipulando y presionando para destruir con métodos violentos el Gobierno de Nicaragua», reza la acusación de la fiscal Heydi Estela Ramírez.

Supuestamente los siete acusados, junto a Orozco, «conspiraron» para «realizar actos tendientes a afectar la naturaleza de Estado soberano e independiente», a través de la «triangulación» de recursos de organismos internacionales como el Instituto Republicano Internacional (IRI), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Los recursos habrían llegado a las siguientes organizaciones nicaragüenses: Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dirigida por la periodista y presa política Cristiana Chamorro; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), a cargo de Félix Maradiaga hasta su cierre y confiscación.

También recibiría «financiamiento» la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económica y Social (Funides), dirigida por el empresario Juan Sebastián Chamorro, aspirante presidencial; Centro de Investigación  de la Comunicación (CINCO), de la periodista Sofía Montenegro; Movimiento Puente y Movimiento por Nicaragua, a cargo del politólogo José Antonio Peraza, actual preso político de la dictadura.

La acusación describe una serie de publicaciones de los medios de comunicación independientes donde todos los presos políticos han brindado declaraciones sobre las sanciones impuestas al régimen de Ortega. También usan mensajes privados entre los acusados donde se comparten información sobre la situación del país, los pasos a seguir para ejercer «presión» contra la dictadura y la coordinación de reuniones virtuales con importantes figuras de la política internacional.

Usan videos de medios independientes como «pruebas» 

Entre las pruebas presentadas contra los acusados figuran entrevistas dadas a medios de comunicación. Figuran entrevistas publicadas en el programa de televisión Esta Semana, en el diario La Prensa, 100% Noticias y Artículo 66.

La Fiscalía sacó a relucir un video publicado en la página de Facebook de Artículo 66, del ocho de junio de 2021. Ese día Félix Maradiaga llegó a su cita en el Ministerio Público y se refirió a su posición sobre las sanciones de la comunidad internacional a la pareja dictatorial y su séquito.

Otra de las supuestas pruebas contra Violeta Granera es una entrevista que le realizó el director de Artículo 66, Álvaro Navarro, el 16 de octubre de 2020. En la conversación abordaron el tema sobre las estrategias políticas de la Coalición Nacional y una carta que fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA).

32 policías fueron los «testigos»

La Fiscalía del régimen usó como «pruebas testimoniales» las declaraciones de 32 oficiales de policía para inculpar por el supuesto delito de «conspiración» a los siete presos políticos. La mayoría de los «testigos» participaron de los allanamientos en las residencias de los detenidos, levantaron actas de los bienes ocupados y realizaron fijaciones fotográficas de los inmuebles de los opositores.

En total se entregaron siete «informes de redes sociales», uno por cada dirigente opositor. Esos documentos contienen un «análisis» de monitoreo de sitios de internet públicos, páginas web, redes sociales y plataformas abiertas al público que supuestamente «vinculan» a los presos políticos con los delitos que les imputa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los siete enjuiciados fueron detenidos entre el cinco y el ocho de junio de 2021, todos tienen más de ocho meses presos en las celdas preventivas de «El Nuevo Chipote». 26 líderes opositores han sido declarados culpables por delitos de «conspiración» y «noticias falsas», figuras jurídicas creadas a través de leyes represivas a finales de 2020.