Dirección de Aduanas interviene judicialmente Centrolac y ordena embargo preventivo
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) emprendió una ofensiva judicial contra Lácteos Centroamericanos, S.A. (Centrolac) que ya derivó en una intervención y administración judicial de la compañía y en una orden de embargo preventivo, según documentos del Poder Judicial revisados por Artículo 66.
La acción pone bajo presión de la dictadura sandinista a una de las principales industrias lácteas privadas de Nicaragua, dirigida por el empresario Alfredo Lacayo y cuya propiedad, según fuentes del sector empresarial consultadas por este medio, comparte con Jaime Montealegre.
El proceso principal está registrado bajo el número 004221-ORM4-2026-CO y fue promovido por el Estado de Nicaragua, a través de la DGA, ante el Juzgado Séptimo Distrito Civil Oral de Managua.
La información a la que tuvimos acceso señala que Aduanas sustenta el cobro en una resolución administrativa dictada en 2025 y en once boletines de liquidación. Sin embargo, el expediente público no permite determinar cuánto dinero reclama la institución ni conocer el contenido de la resolución que originó la ejecución.
Es precisamente ese hermetismo el que despierta suspicacias entre empresarios consultados por Artículo 66, quienes advierten que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza, precisamente, a instituciones como la DGA, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para extorsionar a empresarios privados.
Aduanas pidió embargo preventivo
Un día después de iniciado el expediente principal en Managua, la causa llegó al Juzgado Distrito Civil Oral de Tipitapa mediante un auxilio judicial.
A las 12:10 de la tarde del 30 de julio de 2026, el abogado Danys Antonio Ortiz Pérez presentó ante el juzgado de Tipitapa un mandamiento proveniente del juzgado capitalino en el que se ordena el embargo preventivo contra Centrolac.
El trámite recibió en Tipitapa el número 000360-OR11-2026-CO y quedó clasificado como una ejecución forzosa oral por títulos no judiciales.
La ficha del Poder Judicial identifica al Estado de la República de Nicaragua, por medio de la DGA, como ejecutante y a Lácteos Centroamericanos, S.A. Centrolac como parte ejecutada.
Apenas nueve minutos después de recibido el escrito, a las 12:19 de la tarde, la jueza María Mercedes Rocha Flores ordenó cumplir las diligencias solicitadas por el Juzgado Séptimo Distrito Civil Oral de Managua y devolver posteriormente las actuaciones al tribunal de origen.
La rapidez con que se procesó la petición y la escasa información que el Poder Judicial mantiene disponible sobre el fondo del conflicto, le agregan una dosis adicional de sospechas.
Intervención de la empresa
Según las indagaciones que hizo este medio de comunicación, el juzgado también ordenó la intervención y administración judicial de Centrolac, abrió una pieza separada para ejecutar la medida y registró actuaciones relacionadas con la toma de posesión del interventor. El expediente público no detalla cuáles son exactamente sus facultades.
Una medida de esa naturaleza puede llegar a colocar bajo supervisión judicial los ingresos, pagos, cuentas, contratos y otras decisiones administrativas de la compañía, dependiendo de las atribuciones concedidas al interventor por parte de la justicia que opera como una arma sobre la cabeza de quienes el régimen de Daniel Ortega quiera poner de rodillas.
En las actuaciones también aparece una comunicación enviada al tribunal por Banco LAFISE Bancentro, cuyo contenido no fue incorporado públicamente al expediente, sino que permanece en sobre cerrado. Tampoco se conoce hasta ahora la cifra reclamada por la DGA.
Empresario: «Están buscando cómo presionarlos»
Una fuente del sector empresarial consultada por Artículo 66 considera que la falta de información sustantiva sobre el expediente puede formar parte de la propia estrategia de presión contra la compañía.
Según el empresario, el hecho de que se conozcan las medidas judiciales, pero no aparezcan públicamente el monto reclamado ni todos los documentos que sustentan el cobro, deja un espacio para una negociación en las sombras.
«Todavía no han soltado los detalles porque deben estar buscando cómo presionarlos para negociar algo», afirmó la fuente, quien pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad, ya que en Nicaragua, opinar sobre este tipo de temas es razón suficiente para entrar a la cárcel y padecer una confiscación de bienes y destierro.
El empresario no duda que detrás de esta maniobra judicial, la dictadura esté tratando de arrinconar económicamente a los propiotarios de la compañía lechera.
«Ese es el estilo. (Primero) Te ponen contra la pared y después aparece la negociación. Pueden estar buscando que la vendan, que entreguen la empresa o que cedan una tajada accionaria», afirmó.
Otra fuente empresarial, que también pidió opinar a condición de anonimato, describió ese procedimiento como una negociación «al estilo mafia china», en referencia a un mecanismo mediante el cual primero se elevaría la presión administrativa, tributaria o judicial sobre una compañía para posteriormente plantear una salida negociada.
Centrolac intenta frenar la ofensiva
La empresa comenzó a defenderse judicialmente pocos días después de iniciada la ejecución. El 3 de agosto de 2026, Centrolac presentó un recurso de reposición contra el auto que admitió y despachó la ejecución solicitada por Aduanas.
La compañía también formuló oposición y presentó comunicaciones, certificaciones y documentación relacionada con el requerimiento de pago y la intervención.
Centrolac y el negocio con Albalinisa y Venezuela
La relación comercial de Centrolac con Venezuela comenzó alrededor de 2009, durante el auge de la cooperación entre el gobierno de Hugo Chávez y el régimen de Daniel Ortega.
El mecanismo funcionaba a través de Alba Alimentos de Nicaragua, S.A. (Albalinisa), empresa vinculada al conglomerado Albanisa.
Centrolac vendía leche a Albalinisa y esta la exportaba posteriormente hacia Venezuela.
Era parte del sistema comercial construido alrededor de los recursos petroleros de Petrocaribe y del ALBA, mediante el cual Nicaragua incrementó fuertemente las exportaciones de carne, ganado, café, frijoles y productos lácteos hacia Venezuela.
Para 2012, Nicaragua exportaba aproximadamente 24 millones de litros anuales de leche ultrapasteurizada al mercado venezolano.
Centrolac y Parmalat suministraban aproximadamente la mitad cada una, lo que situaría a Centrolac en unos 12 millones de litros anuales en aquel momento.
El negocio continuó creciendo y en 2015 Nicaragua llegó a colocar alrededor de 80 millones de litros de leche en Venezuela.
Entre enero y noviembre de ese año, las exportaciones lácteas nicaragüenses hacia Venezuela sumaron unas 52,000 toneladas y generaron aproximadamente US$42 millones.
El negocio, no obstante, resultó particularmente beneficioso para la compañía y su participación en ese mercado también le resultó en un negocio para el grupo económico sandinista que manejó por varios años el extesorero y operador financiero de Daniel Ortega, Francisco «Chico» López, hoy prisionero de su antiguo jefe.
Alfredo Lacayo declaró en aquellos años que Albalinisa les pagaba inmediatamente por los productos adquiridos, es decir, el riesgo de cobrar posteriormente al gobierno venezolano quedaba en manos del conglomerado propiedad del FSLN.
Centrolac fue así una de las compañías privadas que experimentaron una expansión importante durante los años en que los petrodólares venezolanos llegaron a borbollones a las manos del holding Albanisa.
Otro problema millonario en manos de la justicia de Ortega
La intervención de Aduanas encuentra además a Centrolac enfrentando un viejo litigio por casi US$4 millones contra Tetra Pak.
El expediente 000104-OR11-2022-CO documenta una ejecución relacionada con maquinaria industrial adquirida entre 2011 y 2017.
Entre las operaciones aparecen una máquina llenadora por US$685,400, otra por US$630,000, una línea de llenado por US$795,000 y un equipo aplicador de tapas por US$301,574.38.
La controversia desembocó en un acuerdo de reconocimiento de deuda firmado en enero de 2021.
Tetra Pak reclamó posteriormente a Centrolac US$3,908,572.10.
De esa cantidad, US$2,314,434.37 correspondían al principal, mientras que otros US$1.59 millones aproximadamente se acumulaban entre intereses vencidos, corrientes y moratorios.
La compañía se opuso judicialmente a la ejecución y el caso terminó en apelación, por lo que no consta todavía una resolución definitiva que ordene la subasta de los equipos ni el pago a su demandante.
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