La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha lanzado un nuevo zarpazo judicial contra una de las empresas más emblemáticas del sector exportador nicaragüense: Joya de Nicaragua, Sociedad Anónima, dedicada a la fabricación y exportación de puros, y cuyo representante legal es Alejandro Martínez Cuenca, exministro sandinista en los años 80 y antiguo aspirante a la candidatura presidencial por el FSLN.
Según el expediente judicial 000325-ORM4-2024-CO, al que tuvo acceso Artículo 66, el Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), interpuso una demanda en la vía de ejecución forzosa «dineraria» contra la empresa por un monto de 15 millones 376 mil 311.92 pesos centroamericanos, equivalentes a igual suma en dólares estadounidenses. La supuesta deuda estaría vinculada —según la versión oficial— a irregularidades detectadas en una auditoría fiscal de 2022.
«… la entidad estatal DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS(DGA), comprobó y acreditó hallazgos en concepto de mercancías sin declarar, uso y destino indebido de mercancías ilegales, uso indebido del régimen de zonas francas e infracciones administrativas, a la entidad mercantil adscrita al régimen de zonas francas industriales de exportación JOYA DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA», dice la resolución judicial en poder de este medio.
En consecuencia, el aparato judicial sandinista dice que la empresa de Martínez Cuenca «es en deberle al ESTADO DELA REPUBLICA DE NICARAGUA la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOSONCE PESOS CENTROAMERICANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (PCA$ 15,376,311.92); cuya resolución ha sido ratificada mediante la resolución número: 898-2022, del veinticinco de septiembre del dos mil veintidós».
El Juzgado Quinto Distrito Civil Oral de Managua autorizó el embargo preventivo de un inmueble de la empresa en Estelí, así como de cuentas bancarias en los bancos BDF, BAC y Lafise. El fallo judicial establece que, de no efectuarse el pago, los bienes serán adjudicados al Estado.
Detrás del aparente conflicto aduanero, hay un trasfondo político innegable. Es evidente que hay una factura de larga data que le tenían guardada a Alejandro Martínez Cuenca, una figura prominente del sandinismo histórico, que terminó marginado y reducido al ostracismo por disputarle poder a Ortega. Entre 1979 y 1981, fue ministro de Comercio Exterior, y posteriormente ocupó el cargo de ministro de la Secretaría de Planificación y Presupuesto durante la primera dictadura sandinista. En el año 2000, intentó disputar la candidatura presidencial del Frente Sandinista, y en 2001 compitió en las internas del partido contra Daniel Ortega. Esa osadía selló su exclusión del círculo de hierro orteguista.
Pese a su pasado de rivalidad con el dictador sandinista, en el 2012, Martínez Cuenca fue nombrado directivo del Banco Central, cargo al que fue ratificado en el 2016, donde se suponía que estaría hasta el 2020, sin embargo, antes de esa fecha fue removido, una vez que Ortega tuvo que reconfigurar toda la estructura estatal y cambiar a los antiguos representantes del sector privado que habían roto la alianza de «diálogo y consenso» que Ortega y los grandes capitales del país sostuvieron por más de una década y que se rompió con la rebelión de abril de 2018.
En 2022, la dictadura ordenó el allanamiento de las oficinas de su fundación FIDEC, dedicada a estudios socioeconómicos y encuestas, canceló su personería jurídica y detuvo a varios de sus colaboradores. Desde entonces, Martínez Cuenca ha permanecido en silencio, mientras sus inversiones han sido puestas en la mira.
Joya de Nicaragua, fundada en 1968, es la fábrica de puros más antigua del país. Su producción se exporta principalmente a Estados Unidos y Europa, y opera bajo el régimen de zonas francas. La empresa ha representado durante décadas un símbolo del prestigio tabacalero nicaragüense.
La sentencia de embargo no parece ser un simple procedimiento administrativo. Es evidente que detrás está la saña sandinista y la puesta en marcha de la maquinaria represiva, entre la que el FSLN tiene total control sobre el sistema judicial. Ortega deja claro que cuando se lo propone, se activa con violencia institucional contra quienes fueron críticos, disidentes o rivales del actual régimen.
Este medio de comunicación tuvo acceso al expediente judicial, el cual documenta con detalle las acciones impulsadas por la DGA, las resoluciones administrativas previas, los fallos judiciales y las cuentas y bienes embargados. Además, intentamos por distintos medios y mediante exfuncionarios de FIDEG localizar a Martínez Cuenca, pero resultó infructuoso.
El peso de la industria tabacalera y de Joya de Nicaragua
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, en 2023 el país exportó US$440 millones en tabaco enrollado, principalmente puros artesanales, lo que representó un 8.8% de crecimiento respecto al año anterior. Esta cifra coloca al tabaco como uno de los cinco productos más exportados por el país, junto al oro, el café y la carne bovina.
Estados Unidos es, con amplia diferencia, el mayor destino de los puros nicaragüenses, absorbiendo el 78.9% del total de exportaciones de este rubro, es decir, cerca de US$347 millones. Otros mercados importantes incluyen República Dominicana y Honduras, aunque en proporciones mucho menores.
Dentro de este universo, Joya de Nicaragua, S.A. ocupa un lugar de prestigio histórico e importancia económica. A día de hoy, sigue operando en Estelí, el epicentro tabacalero de Nicaragua, y su legado le ha garantizado presencia en más de 40 países.
Aunque no hay cifras oficiales publicadas por el régimen sobre la participación exacta de la empresa en las exportaciones nacionales, estimaciones del sector ubican su aporte entre un 10% y un 15% del total de las exportaciones de puros nicaragüenses, lo que equivaldría a entre US$44 y US$66 millones anuales. Solo en el mercado estadounidense, Joya coloca aproximadamente el 60% de su producción total.
En términos laborales, la empresa genera más de 200 empleos directos en su planta de Estelí, y forma parte de un ecosistema productivo más amplio que da trabajo a más de 30,000 personas en la cadena tabacalera nacional, desde el cultivo de la hoja hasta el empaque y exportación del producto terminado.
Abogado: «Un embargo de este calibre termina con cualquier empresa»
Un abogado experto en derecho mercantil, consultado por Artículo 66 bajo condición de anonimato por razones de seguridad, advirtió que el embargo contra Joya de Nicaragua no puede entenderse únicamente como una medida administrativa derivada de una auditoría fiscal. A su juicio, la acción judicial emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra esta empresa histórica del país «podría interpretarse como un acto confiscatorio».
El especialista subrayó que «no es un pleito o litigio entre particulares», sino un escenario donde «un privado se enfrenta al aparato de justicia sandinista», en un contexto institucional donde las garantías procesales han sido socavadas por el control político. En sus palabras, «se trata de un caso en el que una empresa enfrenta un sistema político cuestionado, donde un partido con control absoluto toma decisiones arbitrarias».
Más allá de los argumentos administrativos del régimen, el jurista fue enfático en que un embargo millonario de más de 15 millones de dólares, como el impuesto a Joya de Nicaragua, tiene efectos letales para cualquier empresa privada en Nicaragua. «Un embargo de este calibre termina con cualquier empresa», afirmó. Agregó que este tipo de acciones no solo aniquilan operativamente a las compañías afectadas, sino que además «genera incertidumbre y desincentiva las inversiones» en un país donde la justicia está subordinada al poder político.
Consultado sobre las salidas legales que podría intentar la compañía, apuntó que, aunque existen mecanismos como recursos judiciales o arreglos de pago, la realidad en Nicaragua impone límites claros: «Joya podría alargar su agonía con recursos judiciales, pero es inminente el fin».
Ese asesino senil junto a la bruja Murillo, si no les paran el rancho llevan derechito al barranco el país.
Es por obvio que una empresa o negocio tiene que declarar legalmente sus impuestos y movimientos nacionales y en el exterior para que exista transparencia ante las autoridades y la empresa misma.
Pero no están pensando en los miles de desempleos que pueden haber con este tipo de acciónes del ente regulador en el país. Antes de embargar los bienes deberían dar la oportunidad de permitir pagar la deuda de impuestos. Si una compañía tiene la capacidad de exportar más de 400 millones de dólares tiene que tener solvencia para pagar sus impuestos y declaraciones. Ojalá los señores del gobierno antes de pensar en ellos primero piensen en un pueblo que necesita más empleos con urgencia y una mano de obra mejor pagada mejores salarios para Nicaragua.
Que EUA no compre puros de origen nicaraguence de la empresa Joya de Nicaragua embargada.
Ciertamente, se nota que hay una debilidad, de los organismos multilaterales que no se han puesto duros para enfrentar estás felonias, de gobiernos como Cubanos ,Venezolanos,
En donde es práctica recurrente.cuando grupo enquistado en el poder utiliza la vía de los tributos.para hacerse con algún bien que le apetezca sin cancelar ni un centavo..
L
Nuestra moneda se llama córdobas, no se llama pesos centro americanos
Todo lo que sube baja, los “Políticos” se creen dueños del patrimonio público, infinidades de empresas son creadas con recursos del pillaje estatal por lo del “”Pacto moral”” (Si tú ganas la elección puedes robar en tu periodo, pero cuando yo gane hago lo propio ok). Cuando un pobre diablo se roba un bien público -lampara led- por estar a la confianza y expuesto al público el juez le aumenta el doble de la pena o cierto porcentaje, es decir, el que gana una elección así sea robada como en Nicaragua,Cuba y Venezuela tiene derecho a malbaratar, robar y sobre todo dejar en situación menesterosa a los dueños absolutos del erario publico, siendo los reales culpables y cómplices los diputados y senadores legisladores que temerosos y verdaderos merecedores (Que al sustraer como las ratas los botines del erario nacional) de las normas punitivas aumentadas en su límite máximo al doble o triple por ser los custodios en que el elector confíó de buena fe para la administración de sus impuestos y bienes nacionales.
Otra empresa productiva, que pronto desaparecerá, para desgracia de los nicaragüenses..
La medida es (según este artuculo) “preventiva”. Es de suponer que el empresario (exfuncionario y político) quiere recuperar su estatus de propietario legítimo y legal, de si cónica industria. Para ello pagar lo que debe. De lo contrario, se fomenta la corrupción e impunidad.
La corrupción reiterada contra el fisco,, amerita la toma de medidas drásticas independientemente de quién defraude a los Estados. En Guatemala por ejemplo, los grandes empresarios aue defraudan fiscalmente al païs, piden disculpas públicamente, se comprometen a resarcir y luego ni pagan nada.. Y así, FELICES TODOS SIN DICTADURAS pero con leyes que solo se aplican a los pequeños empresarios.
Me parece correcto lo que esta haciendo el gobierno de Nicaragua, el que debe, tiene que pagar