Asamblea General de la OEA condena violaciones a los DD. HH. en Nicaragua y expresa preocupación por muerte de líder indígena

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución por consenso en el que condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las masivas violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.

Sin embargo, la declaración evitó declarar ilegítimo al clan dictatorial nicaragüense en la 56 Asamblea General del organismo hemisférico que celebra en Ciudad de Panamá hasta este miércoles, 24 de junio.

La organización expresó su «profunda preocupación» ante la violación de los derechos humanos, así como por el «socavamiento sistemático del orden democrático y las instituciones».

Se hicieron eco de los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que en febrero pasado denunció que los ataques sistemáticos del régimen constituyen crímenes de lesa humanidad, así como los documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte-IDH, además de la resolución previa adoptada por la asamblea general en 2024.

OEA condena represión en Nicaragua

El documento «condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos documentados por los mecanismos internacionales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

Añadieron que algunos de esos delitos «podrían constituir de prima facie, crímenes de lesa humanidad».

La resolución reconoce los esfuerzos hechos por Costa Rica en la investigación para determinar las responsabilidades del asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, lo que incluye las detenciones de algunos de los señalados del crimen, pero exige «la importancia de garantizar que todos los responsables de la planificación y ejecución de este crimen rindan cuentas ante la justicia».

Preocupación por muerte de Rivera

A su vez menciona la «preocupación» de la OEA por la muerte bajo custodia de la dictadura del líder indígena miskitu y fundador del partido YATAMA, Brooklyn Rivera, que ocurrió el pasado 30 de mayo. A Rivera lo mantuvieron en desaparición forzada por 970 días hasta que cuatro días antes del anuncio de su muerte lo presentaron en una cama de hospital, en condiciones en las que no podía valerse por sí mismo por su grave cuadro clínico.

Recordaron que «pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», la dictadura no respondió a estas decisiones de «informar sobre sus condiciones de detención y garantizar la protección de su vida e integridad personal».

También manifestaron la preocupación «por las denuncias de represalias contra sus familiares y miembros de su comunidad», aunque sin mencionar directamente la detención de 11 personas relacionadas con Rivera. A cinco de ellas que apresaron por reclamar el cadáver y a otras cinco por proteger al hijo del fallecido, Wandalin Rivera Solórzano.

Expusieron igualmente la necesidad por la restitución democrática, el respeto al espacio cívico, la libertad religiosa y creencias de fe, el pleno ejercicio de las libertades de reunión, asociación y la garantía para que existan medios de comunicación independientes.

Demandaron el cese de la persecución religiosa, las medidas de desnacionalización de nicaragüenses, el respeto a los derechos humanos. Además, instaron al país a regresar a la OEA de la que formalizó su retiro en el año 2023.