Ortega reforma la empresa estatal de exportaciones: elimina al COSEP y la asume Laureano

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Asamblea Nacional, que controla el sandinismo, la reforma de la Ley que creó la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX).

Lo más relevante de la reforma aprobada por el Parlamento este 18 de junio, más allá del cambio de nombre de la institución, es que será encabezada por Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores, en su papel de asesor presidencial para las inversiones, comercios y cooperación internacional, un cargo que le ha permitido encabezar los acuerdos con países aliados del régimen como Rusia, China e Irán, principalmente las dos primeras naciones.

Los otros miembros serán el presidente del Banco Central de Nicaragua, cargo que ocupa actualmente Ovidio Reyes, además del ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) del régimen. Estos tres miembros podrán designar a alguna persona como delegada para el funcionamiento de la nueva ENIMEX.

El segundo cambio relevante es que con la reforma, Ortega le quitó la rectoría al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la pasa al MIFIC, donde ya tiene pleno control Laureano Ortega, desde que sus padres lo designaron para manejar como un suprapoderoso asesor el tema de exportaciones e importaciones del país.

Igualmente, eliminan de la Junta Directiva de la entidad al «sector privado», en referencia a lo que fue el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización gremial del gran capital que hasta antes del 18 de abril de 2018 tenía una alianza con la dictadura y que les había permitido designar a delegados en cada uno de las instituciones gubernamentales.

La anterior ley que creó la Empresa Nicaragüense de Importaciones, publicada en la Gaceta del 18 de noviembre de 2018 todavía establecía que «la Junta Directiva es el órgano superior de la Empresa y estará integrada por cinco (5) miembros que serán nombrados por el Presidente de la República en consulta con el sector privado el cual incluye al sector agropecuario, cooperativo, asociativo, comunitario y al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Presidente de la República designará al Presidente de la Junta Directiva de los miembros nombrados y los miembros de la Junta Directiva designarán, entre ellos, los cargos de secretario, tesorero y vocales».

La reforma aprobada este jueves por el Parlamento establece en ese mismo artículo que «La Junta Directiva es el órgano superior de la Empresa y estará integrada por: El Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional o su delegado, quien la preside. El Presidente del Banco Central de Nicaragua о su delegado y el Ministro de Fomento, o su delegado».

Desde las protestas de 2018, en las que la población salió a la calle en contra de la dictadura, Ortega y Murillo cancelaron la personería jurídica a más de 5 mil organizaciones, entre ellas las empresariales a las que han ido eliminando de las instituciones públicas con diferentes reformas legales desde entonces.

Otros cambios a la Ley del ENIMEX

La reforma extiende además el lapso para que su junta directiva se reúna; en la ley de 2018 era obligatorio hacerlo cada dos meses, pero ahora el plazo será cada tres meses. Los cambios incluyen derogar los artículos 7 y 17 de la ley 981. El primero contemplaba los requisitos para presidir la junta directiva: Ser nacional de Nicaragua y residir en el país; mayor de 25 años; profesional con grado universitario; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; ser persona de reconocida idoneidad.

Entre los impedimentos para integrarla estaba el de que fuesen personas que por ejercer alguna actividad mantuvieran un conflicto de intereses con la empresa.

Mientras que el número 17 correspondía a las disposiciones finales para otros cambios en la ley 290.

La justificación oficial para ordenar estos cambios es la necesidad de «la reorganización institucional impulsada a mejorar la eficiencia operacional y estratégica de la empresa».

Además, mencionan que buscan racionalizar recursos, «mantener una estructura institucional», actualizar el marco normativo para la «eficiencia del uso de los recursos públicos en la empresa».