EEUU denuncia que el régimen intensificó la persecución religiosa en Nicaragua en 2025

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF por sus siglas en inglés) denunció en un reciente informe que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó la persecución religiosa contra las iglesias católica y evangélica durante 2025.

El documento de dos páginas advierte cómo la dictadura continuó restringiendo las libertades religiosas. «El gobierno de Ortega y Murillo implementó cierres y confiscaciones arbitrarias contra instituciones religiosas que consideraba adversarias. En enero, el régimen disolvió 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer, la Fundación del Ministerio Pentecostal Cristo Viene y la Fundación de Monjas Dominicas de Nicaragua», mencionan.

Al igual hacen hincapié en las restricciones a las procesiones católicas durante la Semana Santa.

«Los fieles denunciaron una intensa vigilancia y restricciones a las actividades en las iglesias, y se desplegaron hasta 14,000 policías en todo el país para impedir las procesiones. A finales de 2025, surgieron informes de que, durante varios meses, el gobierno nicaragüense había prohibido a los viajeros que ingresaban al país llevar Biblias».

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Preso por pedir por obispo Álvarez

Mencionaron el caso de un sacerdote católico que convocó una jornada de oración por el obispo Rolando Álvarez, al que el régimen encarceló, condenó a más de 20 años de cárcel y posteriormente expulsó del país. El presbítero fue sometido a desaparición forzada por una semana junto a otra persona, por el simple hecho de hablar del prelado que ahora vive en el Vaticano tras perder su nacionalidad por decisión del clan Ortega-Murillo.

«Activistas de la sociedad civil han documentado la prohibición de más de 16,500 procesiones y actividades religiosas desde 2018, así como más de 1,000 actos de represión contra la Iglesia Católica, incluyendo confiscación de bienes, cierres arbitrarios y amenazas públicas. Si bien los ataques registrados en 2025 fueron menores que en años anteriores, los defensores de la libertad religiosa atribuyen este descenso al temor generalizado a denunciar y a la falta de cobertura mediática independiente, más que a una verdadera tregua».

Muertes inexplicables a manos del régimen

La USCIRF destacó la muerte de dos detenidos bajo custodia del Estado en agosto del año pasado, relacionados con la detención del pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, algo que calificaron como «muertes inexplicables».

Uno de ellos fue Mauricio Alonso Pietri, a quien apresaron junto con su esposa y un hijo. Era parte del equipo de alabanza de la iglesia de Palacios Vargas, pero un mes después de su detención murió.

«Alonso murió bajo custodia estatal un mes después de su arresto, y el gobierno ordenó a su familia que lo enterrara inmediatamente bajo vigilancia policial. Días después de la muerte de Alonso, Carlos Cárdenas Zepeda, un abogado que previamente había sufrido años de acoso estatal en supuestas represalias por su trabajo como asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), también murió bajo custodia estatal tras su propia detención en agosto».

Como pasó con el caso de Alonso, a la familia del jurista la obligaron a enterrar el cuerpo sin permitir preguntas y en un ataúd sellado. No les permitieron realizar un funeral antes darle sepultura.

«Otras víctimas detenidas en Nicaragua por su fe incluyen a las líderes laicas católicas Lesbia Gutiérrez y Carmen María Sáenz Martínez, quienes fueron puestas bajo arresto domiciliario a finales de noviembre tras casi 16 meses de detención incomunicada».

Reformas para aumentar represión

La Comisión para la Libertad Religiosa se hizo eco de la reforma constitucional impulsada por los codictadores en 2025, que le da más poderes discrecionales y usarlas para reprimir a las personas por sus creencias de fe.

Recuerdan que la persecución contra la Iglesia católica, en un país donde el 46 % de las personas se definen como profesantes de esta religión, comenzó en el año 2018 por el respaldo de los líderes eclesiales a las protestas contra el régimen.

«Las autoridades difamaron públicamente a los líderes religiosos; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua condenó al Vaticano en febrero (de 2025) como un aliado ‘depravado y pedófilo’ de la oscuridad, la barbarie, el genocidio y la maldad».

Desnudaron a laico por pedir libertad

Entre las persecuciones hablaron de un laico al que detuvieron por el sapeo de otros creyentes. La Policía Nacional de Nicaragua lo sometió a torturas al apresarlo: «La policía lo desnudó y lo llevó a una celda en ropa interior, donde lo interrogó tres veces antes de su liberación al día siguiente». El motivo: orar por la libertad de Nicaragua.

La USCIRF relata la expulsión de 30 religiosas de la orden de Santa Clara, en enero del año pasado; la expropiación del colegio San José de Jinotepe, una famosa escuela en la que durante 2018 hubo represión del régimen contra los manifestantes.

«Por ejemplo, en abril de 2025, las autoridades prohibieron la entrada a Nicaragua al sacerdote Jalder Hernández, exiliado en 2024, cuando intentó regresar de su labor pastoral en Estados Unidos». Citaron la eliminación de la doble nacionalidad, que a juicio de la Comisión busca negarle a los fieles su derecho a la nacionalidad nicaragüense.

Proponen sanciones selectivas y actuar al Congreso

Y además, «las reformas constitucionales también estipulan que ‘las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero’, lo que podría proporcionar una base legalmente vinculante para obligar a la Iglesia Católica en Nicaragua a romper sus vínculos con el Vaticano».

Entre sus recomendaciones mantienen la de declarar a Nicaragua como un país de preocupación particular por su persecución a las personas por motivos religiosos, aplicar sanciones económicas «selectivas» que se dirijan «contra funcionarios nicaragüenses responsables de exiliar o violar de otro modo los derechos humanos de los creyentes religiosos».

Al igual demandan al Congreso de Estados Unidos que apruebe la Ley de Restauración de Derechos y Soberanía de Nicaragua. Esto «ampliaría los fundamentos legales para las sanciones contra los violadores de la libertad religiosa y exigiría que el gobierno de los Estados Unidos oponerse a la asistencia de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, salvo en condiciones limitadas».