Ortega arrastra al INSS al negocio turbio del antiguo hotel Seminole ahora usado para renta
En el centro de Managua, una fachada blanca y minimalista intenta ocultar el rastro de una de las tramas de corrupción más emblemáticas del régimen. Se trata del antiguo Hotel Seminole, un punto de referencia que nació de la inversión extranjera y que hoy resurge bajo el nombre de «Apartamentos Jacaranda».
Esta transformación no representa una inversión privada legítima, sino la mutación de un activo financiado con fondos venezolanos en un lucrativo negocio de renta con ganancias millonarias para el círculo íntimo de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de redes sociales, el oficialismo promociona el inmueble como un espacio de «confort y estilo», una estrategia que busca sepultar el origen de una infraestructura adquirida bajo un esquema de opacidad financiera. Lo que antes fue un activo de la cooperación petrolera es hoy un edificio residencial exclusivo, que exhibe el despilfarro y el manejo turbio del dinero venezolano, ahora bajo control del anillo económico del sandinismo.
Según una proforma que una fuente solicitó a los números de contacto de los Apartamentos Jacaranda, el alquiler por noche tiene un costo de US$78.26 más IVA, para un total de US$90.00 dólares la estadía diaria, incluye los servicios básicos y el servicio de limpieza una vez a la semana.
¿Propiedad del INSS?
Hasta ahora nadie explica quién tiene el control sobre este edificio, sin embargo, en la misma proforma aparecen los números de cuenta donde se puede depositar el pago en caso de realizar la reservación y al pie indican que las cuentas están a nombre delInstituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Artículo 66 confirmó con tres de las cuentas de banco referidas y efectivamente están a nombre del INSS.
Con este hallazgo surgen nuevas interrogantes que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha explicado públicamente. Hasta ahora se desconoce cuándo y mediante qué operación el antiguo Hotel Seminole pasó a manos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ni si existe algún acuerdo, escritura o resolución oficial que respalde el traspaso de la propiedad. Tampoco está claro si el inmueble forma parte de las recientes donaciones de bienes que Ortega ha transferido al Seguro Social en los últimos años.
La aparición de cuentas bancarias a nombre del INSS también abre dudas sobre el manejo de los recursos y propiedades adquiridas con fondos de la cooperación venezolana, utilizados durante años por el círculo de poder sandinista para operar negocios privados.
Queda sin respuesta si el régimen está utilizando estos activos para intentar sostener financieramente al Seguro Social, una institución golpeada por una prolongada crisis económica, o si los ingresos generados por la renta de estos apartamentos terminan formando parte de otra estructura financiera controlada por el orteguismo, usando como lavandería al INSS.
El caso también plantea interrogantes sobre quién era formalmente el propietario del inmueble antes de quedar ligado al INSS, bajo qué figura legal fue incorporado al patrimonio estatal y qué otras propiedades manejadas históricamente por el régimen podrían haber sido trasladadas silenciosamente al Seguro Social.
«Compras sucias» y saqueo al erario
Originalmente el Hotel Seminole fue construido por la tribu Seminole de Florida, Estados Unidos, tras su llegada al país a finales de los años 90. Operó inicialmente bajo el nombre de Hard Rock Hotel, donde funcionaba el reconocido restaurante Legends.
A principios de los años 2000, el hotel de cuatro estrellas se vio envuelto en un intrincado conflicto jurídico. La propiedad fue objeto de una intensa disputa legal cuando el conglomerado Seminole S.A. reclamó su titularidad frente a la sociedad Inversiones Global S.A.
Tras años de litigio, el hotel quedó finalmente en manos de los Seminole hasta 2009, cuando la familia Ortega-Murillo -utilizando a la empresa mixta Albanisa- adquirió el inmueble, una finca ganadera y 3,000 cabezas de ganado por 11 millones de dólares. La operación se financió con recursos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela, administrados en aquel entonces por la empresa binacional Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa).
«Albanisa, con Alba Caruna, han comprado esta finca. Los Seminole estaban vendiendo esta finca, junto al hotel, entonces, ¿qué es lo que han hecho?, han comprado. ¿Para qué?, para un centro que mejore el desarrollo ganadero, ahora que tenemos un mercado seguro en Venezuela», dijo Daniel Ortega en esa ocasión para justificar la compra opaca.
El opositor y exconcejal de Managua Alfredo Gutiérrez recordó en entrevista con Artículo 66 que esta transacción fue parte de una estrategia para privatizar fondos que debieron ser públicos y la calificó como una «acción criminal que chorrea sangre».
«Ocuparon al Estado como una mampara para proteger sus inversiones sucias», señala Gutiérrez, subrayando que mientras la familia se apropiaba de empresas como el Seminole o el Canal 8, la deuda de los intercambios petroleros se cargaba a la cuenta pública del país.
El blanqueo detrás de Apartamentos Jacaranda
El centro de desarrollo ganadero nunca llegó y el manejo errático de la política turística por parte del régimen, sumado al impacto de la crisis política de 2018 y la posterior pandemia del COVID-19, hundió los niveles de ocupación del hotel.
Ocho años después de esa debacle, el régimen optó por la reconversión a apartamentos de zona rental. Para Gutiérrez, esta nueva estrategia busca blanquear capitales y dificultar la trazabilidad de los activos.
«Al cambiar las razones sociales y las personerías jurídicas, la dictadura intenta borrar la ruta de las transacciones para que, ante un eventual cambio político, sea más complejo obligar a devolver un patrimonio obtenido mediante el saqueo», señaló.
La evolución del inmueble refleja una historia común en Nicaragua: una inversión extranjera legítima en los años 90 que fue absorbida por la opacidad de Albanisa, termina hoy como una propiedad gestionada de forma privada por el círculo íntimo de El Carmen. A pesar de la promoción de lujo, Gutiérrez advierte que el destino de estas propiedades podría cambiar.
«Esperamos que cuando las autoridades norteamericanas detecten estas malversaciones en instituciones como PDVSA, existan juicios para cobrarle a la dinastía y no al pueblo de Nicaragua», afirma. Para el analista, el Estado venezolano eventualmente reclamará estos bienes que fueron producto de «la maña y el trasiego de fondos» que debieron servir para el beneficio público.
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