Informe del GHREN denuncia «ensañamiento» contra mujeres en las cárceles de Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) documentó que mujeres opositoras y personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido víctimas de violencia sexual, humillaciones y castigos diferenciados dentro del sistema represivo estatal desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.
En su informe presentado este martes, 10 de marzo, el mecanismo de Naciones Unidas concluyó que la represión contra estos grupos ha tenido una dimensión de género específica, dirigida a castigar su participación política y disuadir la protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La investigación revela que las defensoras de derechos humanos, estudiantes, feministas y activistas LGBTIQ+ estuvieron entre los primeros sectores atacados tras el estallido de las protestas.
«En espacios públicos y centros de detención, policías, custodios penitenciarios y grupos armados progubernamentales recurrieron a violaciones, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos por motivos de género para castigarlas por participar en movilizaciones y para intimidar a otras mujeres que pudieran sumarse a actividades políticas».
Violencia sistemática y castigo a la maternidad
A medida que la represión se volvió más sistemática, las autoridades detuvieron arbitrariamente a mujeres que ocupaban roles visibles en la protesta social, entre ellas, líderes políticas, estudiantes, periodistas, académicas y defensoras de derechos humanos.
Muchas fueron recluidas en comisarías y prisiones donde, según el informe, enfrentaron violencia sexual y de género, aislamiento prolongado, incomunicación e incluso desaparición forzada.
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El grupo de expertos señaló que las dirigentes políticas recibieron un trato particularmente severo. Además de las condiciones de detención, las autoridades restringieron el contacto con sus familias e hijos, una medida que según el informe profundizó el daño al afectar los vínculos familiares en un contexto donde las mujeres suelen asumir roles de cuidado.
El GHREN también documentó abusos específicos contra personas LGBTIQ+ privadas de libertad. Policías y funcionarios penitenciarios recurrieron a humillaciones sexuales e insultos degradantes relacionados con la identidad de género o la orientación sexual, con el objetivo de estigmatizarlas y deshumanizarlas.
«Estas prácticas reflejan estereotipos de género arraigados que no solo castigan la disidencia política, sino también las identidades consideradas transgresoras».
El machismo como sello del poder
Las conclusiones del grupo indican que mujeres y personas LGBTIQ+ críticas del Gobierno han sido objeto de persecución política con efectos diferenciados, en un contexto marcado por campañas de difamación y el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón considera que los hallazgos del informe confirman un patrón que el movimiento de mujeres ha denunciado durante años.
«El informe hace una síntesis de cómo se ha vinculado la violencia política con la violencia de género, algo que es un rasgo común de los gobiernos autoritarios», señaló.
Blandón sostiene que estas prácticas responden a una lógica profundamente machista dentro del poder. «Ese sello es profundamente machista porque hay un enorme desprecio por las mujeres y por su derecho a participar en el espacio público», afirmó.
La feminista también cuestionó el discurso oficial que presenta a Nicaragua como un país líder en igualdad de género. «Construyeron un relato de equidad de género que algunos gobiernos se compraron, pero no es cierto. Hay evidencias suficientes de que en Nicaragua no se reconocen plenamente los derechos de las mujeres».
Blandón recordó que desde el regreso de Ortega al poder en 2007, el oficialismo impulsó campañas de desprestigio contra el movimiento de mujeres y limitó su presencia en instituciones públicas y universidades.
«El doble discurso del régimen se ha sostenido mientras se atacaba a las organizaciones feministas y se restringía su trabajo… hubo prohibiciones en universidades para invitar a autoras feministas nicaragüenses y también en instituciones del Estado para coordinar con organizaciones de mujeres», explicó.
Un historial de hostigamiento y censura
Además, señaló que algunas beneficiarias de programas sociales recibieron advertencias para que no se vincularan con organizaciones feministas. «A muchas mujeres que recibían programas como Usura Cero o Hambre Cero les decían que si se acercaban al movimiento de mujeres podían perder esos beneficios».
Blandón también recordó episodios de hostilidad pública contra el movimiento feminista, incluyendo acusaciones hechas por Rosario Murillo en discursos oficiales. «La propia señora Murillo llegó a acusarnos de cosas muy graves, incluso de hacer negocios con el sufrimiento de las mujeres».
Según la socióloga, la crisis iniciada en 2018 intensificó esta política de hostigamiento. Varias organizaciones feministas fueron cerradas, sus bienes confiscados y muchas activistas se vieron obligadas a salir del país o enfrentaron la pérdida de la nacionalidad. «Está claro que había una intención de silenciar voces críticas de un movimiento autónomo que no pertenece a ningún partido político», señaló.
Para la feminista, el desafío de una futura transición democrática en Nicaragua será incorporar una reflexión profunda sobre estas desigualdades. «No podemos pensar la democracia sin poner en el centro los derechos de las mujeres y de las niñas».
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